El Gobierno de Ceuta ha emitido un aviso a los titulares de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la ciudad autónoma, advirtiéndoles de la posibilidad de perder sus viviendas en caso de alquilar o subarrendar habitaciones a inmigrantes que ingresaron el pasado 29 y 30 de julio. Además, podrían enfrentarse a multas de hasta 6.000 euros y la apertura de un expediente sancionador.
La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, encabezada por Alejandro Ramírez, ha enviado cartas a varios usuarios de estas viviendas, informándoles sobre la intensificación de las inspecciones para garantizar el correcto uso de las propiedades. En el documento, el consejero subraya que las viviendas de promoción pública protegida deben usarse exclusivamente como domicilio habitual y permanente de las personas adjudicatarias y sus unidades de convivencia autorizadas.
El escrito enfatiza la prohibición de ceder, prestar o subarrendar la vivienda, así como sus habitaciones, garaje o trastero, a personas no autorizadas o para cualquier explotación económica. El incumplimiento de estas condiciones acarrearía la imposición de multas y podría dar lugar al inicio de un expediente para la resolución del contrato y la pérdida de la vivienda, incluyendo desahucio y recuperación de la posesión.
El Gobierno ceutí ha anunciado acciones de inspección para identificar a los moradores de estas viviendas y sus anejos vinculados, advirtiendo que cualquier uso indebido será objeto de actuaciones administrativas y legales
Estas medidas se llevarán a cabo con el pleno respeto al procedimiento legal y al derecho de audiencia de los implicados, según ha comunicado el Gobierno de Ceuta. Las iniciativas buscan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el uso de las VPO en la región.
