El juez Juan Carlos Peinado ha decidido reabrir el juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Esta decisión se produce tras un auto de 67 páginas en el que el magistrado reafirma su postura a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid archivó dos delitos y levantó medidas cautelares. En este auto, Peinado desestima la alegación de ineficacia presentada por Gómez y Álvarez y determina que ambas deberán responder como responsables civiles directas por un perjuicio valorado en 113.509,32 euros relacionado con un 'software' desarrollado en la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El juez ha ordenado investigar la capacidad económica de Gómez mediante el Punto Neutro Judicial, solicitando a la Agencia Tributaria las cinco últimas declaraciones del IRPF. Además, les ha impuesto la obligación de estar a disposición del juzgado y el tribunal del juicio, aunque no les ha solicitado fianza ni ha adoptado otras medidas cautelares propuestas por la acusación popular, como el bloqueo de activos digitales vinculados a Transforma TSC S.L.
La reapertura del juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez marca un nuevo capítulo en un caso que ha atraído numerosas miradas por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias
Peinado considera que Gómez tendría una posición de "acceso privilegiado" debido a su cercanía al presidente del Gobierno, lo que le habría permitido impulsar su carrera dentro del entorno de la UCM. Según el instructor, Gómez habría utilizado su proximidad al poder para conseguir apoyo financiero e institucional para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. En cuanto a Álvarez, se le acusa de colaborar con Gómez en el desvío del 'software'.
El auto destaca que Gómez registró como propias la marca y la web vinculadas al proyecto, lo que no concuerda con su supuesta labor social. El juez también apunta que Gómez y Álvarez actuaron de manera conjunta y convergente, con Álvarez desempeñando un papel operativo fundamental. La actuación, según Peinado, fue más propia de "regímenes absolutistas" que de nuestro estado actual.
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide penas de 13 años para Gómez y seis años para Álvarez. Por otro lado, tanto las defensas como la Fiscalía piden la absolución de las acusadas. Este es el segundo juicio oral que se abre contra ellas, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara la decisión de ir a juicio, pero apartando a Juan Carlos Barrabés, inicialmente implicado, para que se investigue separadamente la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos relacionados.
