El Pleno del Congreso votará este jueves, 11 de junio, una proposición de ley que permitirá a los colegiados mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos, conocido como RETA. Esta votación supone el último paso del proceso legislativo en la Cámara Baja.
El procedimiento comenzará con la votación de las enmiendas al articulado que han sido mantenidas durante la tramitación por los grupos parlamentarios. Posteriormente, se someterá a votación un dictamen final que incluirá todas las modificaciones realizadas. Tras superar esta etapa, el texto pasará al Senado, donde seguirá un proceso similar que incluye las fases de ponencia, comisión y pleno, permitiendo a los grupos parlamentarios introducir cambios. Cualquier modificación en el Senado deberá ser ratificada en el Congreso antes de que el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La comisión responsable aprobó el dictamen de la ley sin votos en contra, aunque con la abstención de PP, Vox y Junts. A pesar de apoyar el objetivo de la ley, estas formaciones han expresado su descontento con el proceso de tramitación llevado a cabo por el Gobierno.
El objetivo principal de la ley es facilitar que los mutualistas puedan transferir sus derechos económicos al RETA, con el fin de mejorar sus pensiones
Los partidos PP, Vox y Junts han manifestado sus críticas debido a los vetos del Gobierno a varias enmiendas, justificadas por motivos presupuestarios. Una propuesta vetada, acordada entre PP y Junts, pretendía permitir a mutualistas con el período mínimo de pensión ya reconocido en el sistema de Seguridad Social transferir sus derechos al RETA, beneficiando a 47.000 personas. El artículo 134.6 de la Constitución otorga al Gobierno la potestad de veto sobre proposiciones o enmiendas que impliquen un aumento del gasto o una disminución de ingresos presupuestarios.
Pese a los vetos, se aprobó un dictamen que incorpora enmiendas de varios grupos parlamentarios, incluyendo una de Sumar, ERC y EH Bildu que establece un plazo de tres meses para definir reglamentariamente los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos al RETA.
Además, se acordó que los mutualistas nacidos antes del 31 de diciembre de 2026 puedan computar sus meses cotizados en la mutualidad como periodos cotizados en el RETA al acceder a la pensión de jubilación. Esta transferencia de derechos económicos no tendrá repercusiones fiscales en el IRPF.
Las mutualidades están obligadas a elaborar semestralmente un informe detallando de manera transparente la situación y evolución de los fondos de los mutualistas, incluyendo el valor actuarial y las operaciones realizadas. Esta información se enviará también a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para la supervisión continua de dichas mutualidades.
La reforma aprobada en comisión, pese a contar con la oposición del Gobierno, permite que el sistema de mutualidades conviva con el RETA. Los mutualistas podrán continuar optando por un sistema alternativo al RETA, lo que implica igualar los derechos de estos trabajadores con los de los autónomos. Además, se ha ordenado que antes del 31 de diciembre de 2030, el Gobierno realice un informe evaluando la coexistencia de ambos sistemas.
