El Congreso de los Diputados votará este jueves, 11 de junio, una proposición de ley que permitirá a los colegiados mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA). Este procedimiento constituye el último paso en el trámite en la Cámara Baja. Inicialmente, el Congreso votará las enmiendas al articulado presentadas por los grupos parlamentarios, para luego proceder al dictamen final, que incluirá todas las modificaciones aprobadas.
Tras superar el trámite en el Congreso, la ley se trasladará al Senado, donde enfrentará un proceso similar con etapas de ponencia, comisión y pleno. Los grupos parlamentarios podrán seguir proponiendo cambios, pero cualquier modificación introducida en el Senado tendrá que ser ratificada por el Congreso antes de enviarse al Boletín Oficial del Estado (BOE).
En la comisión que examinó el texto antes del pleno, el dictamen de la ley fue aprobado sin votos en contra, aunque con la abstención de PP, Vox y Junts. Estos partidos, a pesar de apoyar el objetivo de la norma, han expresado disconformidad con la gestión del Gobierno en el proceso de tramitación. Sus quejas principalmente se centran en los vetos gubernamentales a enmiendas que, según el Ejecutivo, imposibilitaban un equilibrio presupuestario debido a un incremento de gastos.
El artículo 134.6 de la Constitución otorga al Gobierno la potestad de vetar proposiciones o enmiendas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios
Entre las enmiendas vetadas destaca una del PP y Junts que beneficiaría a 47.000 mutualistas, permitiendo que quienes ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación también pudieran transferir sus derechos al RETA.
A pesar de estos vetos, la comisión aprobó un dictamen que incorporó diversas enmiendas de múltiples grupos parlamentarios. Una de ellas, presentada por Sumar, ERC y EH Bildu, establece que en un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley se deben definir reglamentariamente los términos para la transferencia de derechos al RETA y su conversión en períodos cotizados. También se aprobó una propuesta para que mutualistas de 52 años cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2026 puedan contabilizar meses cotizados en la mutualidad como meses de alta en el RETA para efectos del cálculo de pensiones.
Adicionalmente, las transferencias de derechos económicos acumulados en mutualidades alternativas al RETA no generarán impacto fiscal a efectos del IRPF. Otro punto destacado de la reforma es la obligación para las mutualidades de elaborar semestralmente un informe detallado sobre los fondos de sus mutualistas. Este informe debe incluir el valor actuarial de las rentas y operaciones realizadas, y será remitido a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión.
En el ámbito legislativo, PP y Junts lograron la aprobación de enmiendas contrarias a los votos del Gobierno. Una de las incorporaciones relevantes es que, tras el 1 de enero de 2027, los mutualistas no estarán obligados a incorporarse al RETA y podrán mantenerse en el sistema de mutualidades alternativas. Junts también consiguió que se elabore un informe evaluativo del régimen alternativo de mutualidades respecto al RETA antes del 31 de diciembre de 2030. En cuanto al PP, se aprobó que el Gobierno, en un año, desarrolle reformas normativas para incrementar la transparencia e información sobre las mutualidades.
