El Gobierno ha decidido mantener los dos decretos sobre vivienda, a pesar de la oposición de Junts, el Partido Popular y Vox, quienes han anunciado que votarán en contra en la sesión del Congreso prevista para mañana. La medida implica que estas iniciativas no serán aprobadas.
Desde el Ejecutivo, han declarado que es momento de que estos partidos "se retraten" y muestren si apoyan a la ciudadanía o a los especuladores en el tema de la vivienda. Han instado a que decidan si están con las clases medias y trabajadoras o con las élites, destacando los esfuerzos realizados durante meses para integrar las diferentes perspectivas parlamentarias y construir un consenso acorde a las necesidades ciudadanas.
El Gobierno defiende que las propuestas son eficaces para frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda
Los decretos propuestos buscan, entre otros objetivos, restringir la influencia de los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, promover alquileres asequibles y frenar los desahucios sin perjudicar a pequeños propietarios. El Ejecutivo ha enfatizado su utilidad y ofrecido como ejemplo el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo hogar ha sido salvaguardado gracias a estas medidas.
"España ya no puede esperar más," ha subrayado el Gobierno, remarcando la necesidad de adoptar soluciones valientes en política de vivienda. Asimismo, ha agradecido a partidos como ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria por su apoyo y compromiso en mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
La postura del Gobierno se contrapone a la de Junts per Catalunya, que en una reunión reciente, ha decidido no apoyar los decretos. Junts ha solicitado su retirada y la elaboración de un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda". Argumentan que las medidas actuales podrían tener el efecto opuesto, disminuyendo la oferta de alquiler, aumentando los precios y dificultando el acceso a quienes tienen menos recursos.
Junts ha manifestado que una vez se tenga un nuevo texto, solicitará la convocatoria de un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un real decreto-ley, asegurando que, bajo estas condiciones, darán su voto favorable.
