La Comisión Europea ha decidido llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber modificado la legislación que dificulta reclamar al Estado indemnizaciones por los daños causados por leyes contrarias al Derecho de la UE. La decisión, adoptada este jueves, responde al incumplimiento que Bruselas aprecia de la sentencia de junio de 2022, que obligaba a corregir las normas españolas.
El Ejecutivo comunitario considera que España aún no ha aplicado plenamente aquel fallo. El tribunal, con sede en Luxemburgo, concluyó entonces que la legislación española establecía requisitos y limitaciones que hacían "excesivamente difícil" que los particulares obtuvieran una compensación por los perjuicios derivados de una vulneración del Derecho europeo por parte del legislador.
Bruselas considera que España sigue sin cumplir la sentencia de 2022 sobre las indemnizaciones por leyes contrarias al Derecho de la UE
El origen del procedimiento se sitúa en 2015, cuando la Comisión recibió varias denuncias que cuestionaban la compatibilidad con el Derecho comunitario de determinados aspectos de las leyes españolas 39/2015, sobre el procedimiento administrativo común, y 40/2015, sobre el régimen jurídico del sector público.
Bruselas abrió un expediente de infracción en junio de 2017. Ante la ausencia de cambios legislativos, llevó el asunto por primera vez al TJUE en 2019. La sentencia de junio de 2022 dio la razón a la Comisión y confirmó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización.
Cuatro años después, el Ejecutivo comunitario sostiene que el fallo todavía no se ha incorporado plenamente al ordenamiento jurídico español. En diciembre de 2025 remitió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas y, tras posteriores intercambios, concluyó que el incumplimiento persistía. El proyecto de ley para modificar las disposiciones cuestionadas sigue pendiente de aprobación en el Parlamento español.
La segunda remisión del caso al TJUE abre la posibilidad de sanciones económicas. Si el tribunal determina que España ha incumplido la sentencia de 2022, podrá imponer una multa a tanto alzado y una sanción diaria hasta que se cumpla el fallo.
