La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que solicita que se defina legalmente qué profesiones requieren colegiación obligatoria. Este pronunciamiento se produce en el contexto del análisis del proyecto de real decreto que busca aprobar los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial (OMC) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, solicitado por el Ministerio de Sanidad.
El objetivo del proyecto es unificar y actualizar ambos estatutos en un solo documento, en consonancia con la normativa actual sobre servicios y colegios profesionales. La CNMC sugiere que, para garantizar el cumplimiento de la colegiación obligatoria, se apliquen mecanismos menos invasivos que la colegiación automática. Además, subraya que, de mantenerse esta práctica, debe respetarse el derecho del profesional a decidir sobre su continuidad o cese en la profesión.
La CNMC recalca la importancia de que cualquier acción de los órganos colegiales se ajuste a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y a los principios de buena regulación establecidos en el Real Decreto 472/2021.
En términos de vinculación territorial, recuerda que no es posible asociar obligatoriamente el Colegio al domicilio profesional del médico después de la primera incorporación, respetando la gestión de los registros de colegiados. Respecto a la competencia, enfatiza que toda actuación colegial debe ceñirse a la legislación vigente.
Asimismo, el organismo recomienda modernizar los certificados médicos adaptándolos al entorno digital, promoviendo la firma electrónica y los sistemas de verificación, y evitando su dependencia exclusiva de los soportes colegiales. También propone priorizar el uso de mecanismos de autenticación profesional apoyados en la firma electrónica y en sistemas públicos de verificación, como el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), siempre que estos sistemas alcancen un nivel adecuado de fiabilidad y actualización.
En relación a la receta electrónica, la CNMC sugiere establecer procedimientos de homologación que sigan criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, con tiempos de resolución razonables. Del mismo modo, aconseja justificar la exigencia de recertificación periódica y garantizar salvaguardas que eviten el intercambio de información comercial sensible, asegurando el cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia.
