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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado que desde el 10 de agosto, más de 5.300 migrantes han regresado voluntariamente a Marruecos y casi un centenar han renunciado a solicitar asilo en España. Durante una declaración este domingo, Torres destacó que ya hay personas cuyos expedientes han sido finalizados para proceder a su devolución a Marruecos. "Ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno. Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días", afirmó. En el contexto de estos esfuerzos, más de 860 migrantes han sido ubicados en una nueva instalación temporal en el barrio de Los Rosales de Ceuta. El ministro destacó en un vídeo remitido a los medios que el Ejecutivo busca restaurar la normalidad en Ceuta, un proceso que describió como intenso. "No es un trabajo fácil, pero hoy se ha dado un paso importantísimo con cerca de 1.000 personas que ya están siendo filiadas para culminar sus expedientes de devolución", señaló. Con casi 1.000 personas en proceso de filiación, el Gobierno avanza en la gestión migratoria para restaurar la situación en Ceuta En total, más de 4.500 personas se encuentran actualmente en recursos del Estado, a las que se suman 2.000 menores que son atendidos en los recursos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. "Están en esos centros con el objetivo de que, cuanto antes, se puedan completar las filiaciones para devolver a su país a todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional", reiteró Torres, subrayando el compromiso del Gobierno en este complejo ámbito.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para promover la adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Este movimiento busca contrarrestar las políticas que el PSOE califica de negacionistas por parte del Partido Popular (PP), en alianza con Vox, las cuales, según los socialistas, utilizan la emergencia climática como un elemento de negociación en lugar de contribuir a la protección ciudadana y territorial. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, destacó en un vídeo que esta medida busca generar un clamor ante la inacción de la oposición. Narbona enfatizó la importancia de llevar la voz socialista a todas las instituciones para enfrentar la actitud irresponsable del PP y Vox, quienes, según ella, se niegan a colaborar con el gobierno en la adopción de medidas coordinadas ante emergencias como el calor extremo, las inundaciones y la sequía. El pacto propuesto por el PSOE se presenta como una oportunidad para crear una estrategia común y duradera, basada en el conocimiento científico, para anticiparse a los riesgos y proteger a los más vulnerables Con este gesto, el PSOE se suma al proceso de adhesión impulsado por el Gobierno de España, dirigido por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es construir un pacto que permita abordar el cambio climático de manera efectiva, promoviendo un nuevo modelo de desarrollo que proteja la salud, la economía y el territorio. La adhesión al pacto puede formalizarse a través de la web del Ministerio y está destinada tanto a los más de 1.300 actores que participaron en su elaboración, como a cualquier organización o individuo interesado en sumarse. Los socialistas subrayan la urgencia de este pacto nacional como respuesta a la creciente preocupación de la población española ante la crisis…
La tensión generada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio será una de las principales preocupaciones que la oposición llevará al Gobierno durante el Pleno del Congreso de este miércoles. Esta sesión, que contará con la reciente desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información previa a los hechos, estará marcada por la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por segunda semana consecutiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no tiene preguntas específicas sobre Ceuta, posiblemente verá el tema incorporarse a las interrogantes generales que le harán en la sesión. Entre estas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, buscará que Sánchez se pronuncie sobre si se ha degradado la imagen de España. Por otro lado, Mertxe Aizpurua de Bildu le instará a hablar sobre la futura ampliación de derechos laborales y sociales, mientras que Míriam Nogueras de Junts pedirá un balance general del estado del país. Por su parte, las preguntas dirigidas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sí abordarán directamente la situación en Ceuta. Miguel Tellado del PP interpelará a Marlaska sobre si la ciudad ha vuelto a la normalidad, y Elías Bendodo le preguntará por la diligencia en sus responsabilidades. Del mismo modo, Ignacio Gil Lázaro de Vox se interesa por saber si Marlaska seguirá engañando a los ceutíes. Además, el Congreso debatirá y votará sobre una moción del PP que pide la reprobación de Marlaska. La moción critica su gestión ministerial, la desprotección de las fronteras y el abandono de Ceuta, y solicita al presidente su cese del cargo. El Congreso debatirá mociones que centran la atención en la situación fronteriza de Ceuta y la gestión del ministro Marlaska Por otro lado, Vox presentará otra moción…
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su postura sobre la crisis en Ceuta, señalando a Marruecos como responsable de la situación. Según Feijóo, la “agresión” del país vecino continúa mientras no se acepte el retorno de las personas que ingresaron en la ciudad autónoma. “Por acción o por omisión, Marruecos facilitó la vulneración de nuestra frontera y de nuestra integridad territorial”, afirmó en una entrevista con 'El Mundo'. Añadió que, en su opinión, la agresión de Marruecos sigue vigente. Feijóo ha criticado al Gobierno por permitir que la integridad territorial de España no se haya restaurado. Cuestionó a quién defiende el Gobierno de Sánchez, afirmando que sus intereses personales han prevalecido sobre la soberanía nacional. Asimismo, Feijóo destacó su oposición a la desclasificación de documentos relacionados con la crisis de Ceuta, considerando que ha afectado la seguridad y el prestigio de los servicios de inteligencia nacionales. Feijóo argumenta que, si hubiese estado al mando del Gobierno, habría intervenido en la situación pidiendo a Marruecos que controle su frontera e incluso habría considerado activar el artículo 8 de la Constitución En su intervención, Feijóo defendió el papel del Rey Felipe VI en la gestión de la crisis y expresó que, si fuera presidente, nunca lo relegaría a un segundo plano. Argumentó que el Rey debería visitar Ceuta y que el Consejo de Seguridad Nacional debería ser presidido por el jefe del Estado. Sobre el traslado de menores migrantes a la Península, Feijóo ha sido tajante al señalar que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no aceptarán su distribución. Según él, la única solución es el retorno de todos los inmigrantes y menores a sus lugares de origen, insistiendo en que el interés supremo del menor es reunirse con su familia. Feijóo también ha instado a…
Alberto Ruiz-Gallardón, quien fue ministro de Justicia durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, comparecerá este martes como testigo en el juicio del 'caso Lezo'. Este juicio se centra en la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. Durante la instrucción del caso, el magistrado Manuel García Castellón archivó la causa contra Ruiz-Gallardón y exoneró al expresidente madrileño Ignacio González, quien aún no había asumido la presidencia del Canal cuando se realizó la adquisición. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Canal de Isabel II adquirió Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad panameña llamada Aguas de América (SAA). Esta operación formaba parte de la "expansión internacional" de la empresa pública, que en 2001 compró el 75% de Inassa. El juicio, que es el primero del 'caso Lezo', busca esclarecer si se pagó un sobreprecio en la compra de Inassa, lo que habría perjudicado a las arcas públicas La Fiscalía solicita para los exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo siete años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación. Para los otros 20 acusados, incluidos técnicos y exconsejeros del Canal, se piden penas de seis a siete años de prisión y 12 a 15 años de inhabilitación. Asimismo, el Ministerio Público exige que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II con el sobreprecio pagado por Inassa, una cifra que asciende a más de 19 millones de euros, aunque esta cantidad podría ajustarse según las conclusiones definitivas del juicio. La operación se realizó a través de la sociedad recién creada Canal Extensia, participada en un 75% por el Canal de Isabel II y en un 25% por Técnicas Valencianas del Agua. Según…
La Audiencia Nacional comenzará este lunes el juicio contra diez integrantes del clan Kutayni, acusados de enviar fondos y materiales a organizaciones asociadas con Al Qaeda y sus filiales en Siria entre 2013 y 2019. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, estos hechos podrían constituir un delito de financiación del terrorismo, por lo cual solicitan penas de cinco a seis años de prisión, además de multas de hasta 37.200 euros. El clan proviene de la región siria de Idlib, un área identificada desde 2017 como bastión de una filial de Al Qaeda. Los acusados habrían movilizado recursos hacia Siria, específicamente a las zonas de Hama e Idlib, para apoyar diversas milicias de Al Qaeda. Una de estas milicias era liderada por Manaf Kutayni, hermano del acusado Fares Kutayni. En 2017, la filial siria de Al Qaeda, Jabhat Fatah al Sham, junto con otras cuatro facciones, se reunificaron bajo el nombre de Hayat Tahrir al Sham (HTS). Los acusados utilizaban la hawala, un sistema basado en la confianza para transferir fondos sin mover físicamente el dinero Este sistema de transferencias, conocido por operar entre distintas zonas geográficas, fue empleado para enviar los fondos a regiones controladas por la filial siria de Al Qaeda entre 2013 y 2019. Además, la acusación refiere el envío de maquinaria industrial y camiones mediante negocios vinculados a la compraventa de vehículos, así como ambulancias y material sanitario a través de una ONG, aunque no se comprobó que estos últimos alcanzaran a la organización terrorista. El caso fue reabierto en 2018 tras la intervención de la Comisaría General de Información y ante las informaciones sobre el posible retorno de Human Kutayni, otro de los encausados. Human Kutayni había sido condenado en Siria por pertenencia a una organización terrorista y por su…
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha lanzado contundentes críticas contra el Gobierno, acusándole de conocer de antemano el riesgo de una crisis migratoria en Ceuta y no tomar medidas para evitarla. Muñoz ha señalado que el Ejecutivo no solo abandonó a Ceuta, sino que también podría haber promovido la situación que se vivió, y advirtió que la gestión actual podría alentar nuevas invasiones. Muñoz advierte que "entrar irregularmente tiene premio" bajo la gestión actual del Gobierno, lo que puede desatar futuras crisis migratorias aún más severas La portavoz del PP ha mencionado informes que indican que la Guardia Civil ya había alertado en julio sobre una posible entrada masiva, y recordó una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Extranjería que, según ella, el Gobierno desestimó. Añadió que las informaciones disponibles, alguna desclasificada por el propio Ejecutivo, muestran que el Gobierno sabía del posible acontecimiento y no actuó para proteger la frontera. Ante preguntas respecto al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Muñoz aclaró que no hay "un papel o una instrucción oficial" del CNI, sugiriendo que no confía plenamente en las afirmaciones del Gobierno acerca de la advertencia de este organismo. Además, criticó la acogida de menores migrantes en comunidades autónomas, describiendo la situación como "un ataque de guerra híbrida" con el objetivo de desestabilizar a España y la Unión Europea, y abogó por el retorno de todos los migrantes a su lugar de origen. Por otro lado, Ester Muñoz criticó duramente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un mensaje que publicó, acusándole de "presionar" al Tribunal Supremo para influir en su sentencia sobre la 'ley de nietos'. Muñoz denunció que el Ejecutivo no debe enfrentarse al poder judicial en una democracia liberal…
El grupo político Sumar presentará este martes, 15 de septiembre, en el Pleno del Congreso una proposición de ley que busca prohibir a empresas y fondos de inversión la compra de viviendas, reservando este derecho exclusivamente a personas físicas. Esta iniciativa, que ya fue planteada anteriormente pero rechazada por la mayoría del PP, Vox y Junts, y abstención del PSOE, es una apuesta renovada del portavoz adjunto del grupo, Alberto Ibáñez, en un intento por obtener el respaldo suficiente. En un movimiento previo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había defendido una propuesta similar, lo que recibió elogios de Vox en su momento. Sin embargo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha aclarado recientemente que las propuestas de Sumar y Trump son distintas y ha dejado en claro que su partido no apoyará la iniciativa del grupo plurinacional. La propuesta de Sumar busca desvincular el mercado residencial de la lógica mercantil para frenar la escalada de precios de venta y alquiler La propuesta requiere una modificación del artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023, prohibiendo que las empresas adquieran propiedades residenciales, ya sea mediante compra o donación. Esta prohibición afectaría tanto a viviendas ya utilizadas como a nuevas construcciones una vez finalizada la obra. Sumar defiende que las personas jurídicas suelen ver las propiedades como inversiones especulativas, en lugar de ejercer el derecho constitucional a una vivienda. No obstante, el proyecto de ley permite algunas excepciones. Las organizaciones sin ánimo de lucro, como asociaciones, entidades religiosas y ONG, podrán seguir adquiriendo inmuebles si los destinan a fines sociales. Estos fines incluyen la creación de sedes, atención sociosanitaria, apoyo a víctimas de violencia de género, alojamiento de personas vulnerables o el desarrollo de actividades educativas y cívicas. Además, se incluye una disposición transitoria que deja claro que…
Podemos presentará en el Pleno del Congreso de esta semana una propuesta que detalla sus principales medidas económicas, entre las que destacan la creación de un supermercado público, una reducción del 40% en los precios de alquiler mediante decreto ley y la expropiación de viviendas a grandes propietarios. Esta moción, que responde a una interpelación previa al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, busca una respuesta más activa del Gobierno ante el aumento de la inflación registrado en agosto. Además de las medidas mencionadas, la formación, que forma parte del Grupo Mixto, propone realizar cambios legales y asignar los recursos necesarios para la expropiación de viviendas turísticas ilegales, con el fin de incorporarlas al parque público de vivienda. Podemos demanda la expropiación de 650.000 viviendas de grandes propietarios como parte de su iniciativa para aumentar el parque público de vivienda La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, también solicita al Ejecutivo establecer mecanismos para limitar los márgenes de beneficio de las grandes empresas distribuidoras de alimentos en productos básicos, asegurando así precios accesibles para las familias. Respecto a la propuesta del supermercado público, la idea de Podemos es crear una empresa de distribución que no solo garantice el acceso a alimentos básicos a precios asequibles, sino que también fomente la competencia pública en el mercado alimentario. Asimismo, el partido propone un plan estatal que asegure la gratuidad y reutilización del material escolar para todos los estudiantes, sin importar su renta familiar o comunidad autónoma, mediante un sistema público de préstamo e intercambio que incluya bancos públicos de material en los centros educativos. A su vez, se pretende garantizar el acceso universal a materiales pedagógicos diversos y sostenibles en las instituciones públicas, fomentando las metodologías activas y alternativas. Finalmente, la formación liderada por Irene Montero e…
La comisión de investigación del Congreso sobre la suspensión del suministro eléctrico ocurrida el 28 de abril de 2025, retomará su actividad esta semana con las comparecencias de figuras clave del sector energético. Entre los citados se encuentran el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la directora general de Operaciones de Red Eléctrica, Concepción Sánchez, y el director general de la Unión Nacional Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. Las comparecencias se desarrollarán en dos sesiones distintas. La primera sesión, programada para el lunes 14 de septiembre por la tarde, contará con la participación de Concepción Sánchez y José Donoso. La segunda sesión se celebrará el martes, cuando será el turno de Joan Groizard, tal y como figura en el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press. Durante estas sesiones, los comparecientes responderán a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en un formato de interrogatorio. Anteriormente, la comisión del Congreso ha recibido ya a los consejeros delegados de Naturgy, Iberdrola y Endesa, así como a la presidenta de Red Eléctrica. Los actuales comparecientes ya ofrecieron su testimonio en una comisión similar en el Senado, la cual ha finalizado y presentado sus conclusiones sobre el incidente