El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una audiencia urgente para el próximo miércoles a las 12.00 horas. En dicha reunión, citando a defensas, acusaciones y Fiscalía, el magistrado pretende comunicar su decisión de encaminar el caso hacia un juicio con jurado popular, en caso de que los procedimientos avancen a tal fase.
Esta investigación gira en torno a presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. En un auto presentado el 20 de marzo, Peinado afirmó que se habían encontrado indicios suficientes que justificarían la competencia de un tribunal del jurado. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid había previamente desestimado, en febrero, avanzar hacia un juicio con jurado popular, después de un recurso interpuesto por la defensa de Gómez. Los magistrados consideraron que no existían indicios racionales de criminalidad en ese momento.
En este nuevo planteamiento, Peinado sugiere que Gómez habría aprovechado su cercanía al presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid. El juez apunta que esta proximidad le habría facilitado una interlocución privilegiada con diversas entidades, empresas y responsables universitarios para apoyar la creación y desarrollo de una cátedra.
Según el magistrado, Gómez habría buscado apoyo y financiación para una cátedra universitaria de la que, al parecer, se apropió ilegalmente. Se alega que logró la creación de una cátedra extraordinaria destinada específicamente para su dirección, basándose en la supuesta influencia de su esposo para la toma de decisiones. Además, se señala que contrató a Cristina Álvarez, su amiga e investigada, no solo para funciones protocolarias, sino también para actividades privadas.
El juez observa que Álvarez era vista por terceros no solo como asistente de Gómez, sino como una integrante del equipo de trabajo vinculado a la cátedra y los proyectos relacionados. A través de su posición, Gómez habría podido redactar comunicaciones, directa o indirectamente, para influir en la adjudicación de concursos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en esta causa.
Begoña Gómez, a través de su representación legal, ha recurrido la decisión de Peinado, argumentando que el auto se basa únicamente en meras conjeturas. La defensa sostiene que las pruebas mencionadas por el juez carecen de veracidad o no tienen el peso que se les atribuye. Subraya que la investigación parece centrarse en la relación marital de Gómez con el presidente, más que en acciones individuales de la investigada. Asimismo, critican la redacción del auto, indicando que la falta de claridad podría comprometer el derecho a un juez imparcial, exacerbado por la cobertura mediática y el debate político en torno al caso.
