El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts han expresado su crítica hacia la nueva proposición de ley presentada por Sumar que busca prohibir la compra de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, reservando esta opción exclusivamente para personas físicas. El PSOE, por su parte, se ha distanciado de esta medida. La propuesta, ya defendida anteriormente por Sumar en la Cámara Baja, no fue admitida a trámite debido a la oposición de PP, Vox y Junts, con la abstención del PSOE.
Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, ha recordado que el expresidente estadounidense Donald Trump respaldó una propuesta similar, la cual fue aplaudida por Vox. Ibáñez ha instado a Vox a apoyar el debate del texto, sugiriendo que una verdadera postura patriótica debería incluir el rechazo al capital extranjero en el mercado inmobiliario español.
La propuesta de Sumar nuevamente provoca división, generando apoyo entre algunos partidos de izquierda y críticas entre formaciones nacionalistas y de centro-derecha
En la discusión parlamentaria, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego han dado su respaldo a la admisión a trámite, mientras que el PNV y Junts mostraron su desacuerdo. Maribel Vaquero, portavoz del PNV, calificó la iniciativa de Sumar como ilimitada y con difícil implementación en el actual marco legal. Vaquero argumentó que medidas de este tipo deben ser excepcionales y acotadas, basadas en consideraciones territoriales específicas.
Por otro lado, Marta Madrenas de Junts destacó que la propuesta perjudicaría a cooperativas y entidades públicas que buscan facilitar el acceso a la vivienda. Criticó también la falta de límites de renta o patrimonio en el texto, advirtiendo que dejaría sin solución los problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes.
La postura del PSOE, representada por Irene Jódar, se centra en trabajar dentro de la ley vigente para combatir la especulación inmobiliaria. Jódar recordó que la Ley de Vivienda de 2023, que busca regular el precio del alquiler, no se ha implementado por el PP en las comunidades donde gobierna.
Desde Vox, Carlos Hernández Quero arremetió contra la proposición tildándola de chapuza legislativa y criticó la gestión del Gobierno en la crisis habitacional. Cuestionó los resultados de Casa 47, un proyecto gubernamental, por considerar insuficiente su oferta de 800 viviendas pertenecientes a la Sareb, y comparó esta cifra con la producción habitacional en décadas pasadas.
El PP, por medio de Miguel Ángel Sastre Uyá, rechazó la iniciativa acusándola de tener una base jurídica débil. Según Sastre Uyá, la medida afectaría solo al 10% del mercado, donde la mayoría de las compras ya son realizadas por individuos. Aludió a que el Gobierno pretende solucionar el problema atacando a una pequeña porción del mercado inmobiliario.
