El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la Ley de Vivienda y ha instado a superar lo que califica como "dogmatismo neoliberal" para implementarla en todas las comunidades autónomas. Según Sánchez, la aplicación de ciertos instrumentos de esta ley está logrando controlar el precio del alquiler sin comprometer la oferta en ciertas áreas.
Durante el balance del curso político, Sánchez ha subrayado que el acceso a una vivienda digna es una de las mayores preocupaciones de la población. En este sentido, el Gobierno está adoptando una estrategia de seguridad para pequeños propietarios y combate contra especuladores y "fondos buitre", a la vez que se establecen mecanismos para reducir el precio de los alquileres en beneficio de los inquilinos.
La vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos
Sánchez ha destacado la aprobación de la Ley de Vivienda como la primera de su tipo en la historia democrática de España y ha propuesto evaluar sus efectos en lugares como Barcelona, A Coruña o Pamplona, donde su implementación está resultando en la disminución de los precios del alquiler sin reducir la oferta de viviendas.
A pesar de que reconoce que queda "muchísimo por hacer", Sánchez observa resultados positivos en aquellos municipios donde la ley se aplica con un enfoque orientado al interés general. Hasta ahora, 310 municipios, que concentran a más de 9,2 millones de habitantes, han sido declarados como zonas tensionadas. El presidente ha expresado su deseo de que otras ciudades como Madrid o Málaga se sumen a esta iniciativa.
Sánchez ha sido enfático al señalar que la decisión de aplicar la ley en más áreas depende de los gobiernos autonómicos, a los cuales ha pedido dejar de lado el "sectarismo" y centrarse en el bienestar de la ciudadanía, dado que considera a la vivienda una "prioridad nacional".
Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la promoción de vivienda protegida. En el primer trimestre de 2026, se alcanzó la cifra más alta de licitación de vivienda pública en los últimos ocho años, superando los 465 millones de euros, lo que representa un incremento del 44% respecto al año anterior. También ha puesto en el foco la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, elaborado junto a las comunidades autónomas y dotado con 7.000 millones de euros, con el objetivo de prevenir que la vivienda financiada con fondos públicos se utilice con fines especulativos.
