El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su interés en investigar si el Gobierno federal cuenta con alguna herramienta legal para frenar el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York. Esta medida, introducida por el alcalde Zohran Mamdani, está actualmente bloqueada de manera provisional por un tribunal estatal.
Trump, a través de su red social Truth Social, ha destacado que "los impuestos sobre las segundas residencias están costando una fortuna a la ciudad y al Estado". Según el mandatario, los ingresos recaudados por este gravamen son insignificantes frente a los impuestos pagados por aquellos que deciden abandonar la ciudad para no regresar. Trump señaló que "Florida, Texas y muchos otros estados están ganando una fortuna" debido a este éxodo.
Trump considera un "despropósito" ver cómo Nueva York podría caer en la decadencia económica y social debido a políticas que, según él, no funcionan en Estados Unidos
El presidente subrayó su preocupación por la situación en Nueva York, una ciudad que describió como "un lugar que una vez amé". También criticó los peajes por congestión impuestos por lo que denominó "yihadistas de la izquierda radical", calificando estas acciones como dañinas para el país.
El pronunciamiento de Trump se produjo tras la decisión del juez estatal de Staten Island, Wayne Ozzi, quien este lunes emitió una orden de restricción temporal obligando al Departamento de Finanzas a retirar un registro fiscal de 960.000 propiedades. Estas propiedades habían sido identificadas como parte de la implementación del impuesto a las segundas residencias. Asimismo, la orden prohíbe a la ciudad avanzar en medidas de cumplimiento respecto a las notificaciones fiscales enviadas a 17.000 propietarios. Esta prohibición temporal se mantendrá al menos hasta el 31 de agosto, cuando se espera una nueva audiencia en el tribunal.
El impuesto, vigente desde el 1 de julio, se aplica a viviendas con un valor mínimo de 5 millones de dólares y a cooperativas y condominios de al menos 1 millón de dólares, siempre que el propietario no sea el residente principal. Aunque la ley requiere que el Departamento de Finanzas identifique a quién se debe aplicar el impuesto inicialmente, los demandantes alegan que la carga de demostrar la residencia recayó ilegalmente sobre los propietarios.
La Administración de Nueva York defiende este impuesto como una medida dirigida a los ultrarricos de fuera de la ciudad y a las élites globales que utilizan los bienes raíces neoyorquinos como una inversión, en vez de como hogar. La previsión era recaudar 500 millones de dólares en ingresos anuales.
