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El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a abordar lo que considera un "exceso regulatorio" en España. El grupo parlamentario demanda la elaboración de un "inventario exhaustivo del derecho estatal" que permita identificar y derogar formalmente aquellas normas que han quedado obsoletas o han sido derogadas tácitamente. La iniciativa, dirigida a ser debatida en sesión plenaria, también solicita al Ejecutivo el lanzamiento de un Plan Nacional de Simplificación Normativa. Dicho plan debería alinearse con los objetivos de la Brújula de la Competitividad de la Unión Europea y las directrices del Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026. El objetivo es reducir el volumen regulatorio y las cargas administrativas, proponiendo una disminución del 25% de estas cargas de manera general y del 35% para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, el PP sugiere establecer un límite a la producción normativa implementando el principio de "una norma nueva, tres derogadas", una estrategia que la Comisión Europea aplica desde 2022 según los principios de mejora regulatoria y simplificación administrativa. El PP sostiene que la pesada carga regulatoria y la falta de calidad normativa son obstáculos para el crecimiento económico y la inversión en España En coherencia con ello, se propone asegurar la estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico, examinando la viabilidad de pasar progresivamente a un enfoque de "una norma nueva, una norma derogada", una postura respaldada mayoritariamente en el Parlamento Europeo el 22 de enero de 2026. El partido también aboga por un Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa, en colaboración con las comunidades autónomas. Este plan seguiría el modelo de la Comisión Europea y se centraría en revisar incoherencias, solapamientos, duplicidades e ineficiencias administrativas. Entre las medidas propuestas, se…
El Gobierno ha rechazado la participación del director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas, Julián Mateos, en la concesión de un préstamo a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. Según fuentes de Moncloa, el cargo de director se creó en agosto de 2021, después de la concesión del préstamo, y Mateos no había trabajado previamente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que descarta cualquier implicación en el proceso. Esta declaración del Gobierno responde a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregado al juez José Luis Calama, del Tribunal Central de Instancia Número 2. De acuerdo con el informe, basado en una conversación entre directivos de Plus Ultra en marzo de 2020, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó en julio de 2021 el levantamiento del bloqueo de 34 millones de euros en ayudas a la aerolínea, completándose el rescate al mes siguiente. Posteriomente, se menciona un incidente en el que Julio Martínez Martínez, actual presidente de Plus Ultra y cercano al expresidente Zapatero, reenviaba una noticia sobre el nombramiento de Julián Mateos, lo que despertó preguntas sobre su relación. En un mensaje seguido, se confirmó un pago de 10.000 euros. El Gobierno ha dejado claro que Julián Mateos no tuvo ninguna intervención en el préstamo concedido a Plus Ultra.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebra sus siete años al frente del Gobierno regional, destacando sus logros en políticas fiscales, educación y vivienda. Ayuso ha centrado su gestión en una baja fiscalidad, la libertad educativa y el impulso a la educación especial, junto a un plan contra las drogas y el desarrollo de vivienda protegida, que sigue siendo uno de sus mayores retos. Este aniversario coincide con el quinto año consecutivo en el que Madrid se mantiene como "la primera economía del país", aportando el 19,8% del PIB nacional y contando con cerca de 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Dentro de sus logros, el gobierno de Ayuso ha aplicado 34 rebajas de impuestos desde 2019, y prevé aprobar tres reducciones fiscales adicionales relacionadas con el relevo generacional en empresas familiares y una reducción en el tramo autonómico del IRPF para 2027. Madrid es la única comunidad sin impuestos propios y posee la presión fiscal más baja de España. Además, se ha lanzado el nuevo Plan Industrial 2026/30 y la Estrategia de Drones, que junto a medidas para reducir burocracia, marcan las principales líneas del gobierno regional. El Gobierno de Ayuso ha reforzado sus políticas de vivienda a través del Plan Vive, entregando ya 5.785 de las 14.000 viviendas proyectadas La administración también se enfoca en la renovación de infraestructuras sanitarias. Las obras para la Ciudad de la Salud en La Paz han comenzado, y se han realizado mejoras en varios hospitales madrileños, además de iniciar la construcción de 40 nuevos centros de salud desde 2019. En el ámbito de la salud mental, destaca la creación de hospitales de día para adolescentes y la ampliación de la asistencia domiciliaria. En el sector educativo y social, destacan el modelo educativo CEIPSO y la Ley…
La Agencia Tributaria iniciará el próximo viernes, 29 de abril, el proceso de solicitud de cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio del año 2025. No obstante, la atención presencial en las oficinas comenzará a partir del 1 de junio. Desde el 8 de abril, los contribuyentes tienen la opción de presentar sus declaraciones por internet. Asimismo, desde el 6 de mayo, está operativo el plan de atención telefónica conocido como 'Le Llamamos', además del plan especial de asistencia en pequeños municipios. Los contribuyentes pueden solicitar cita tanto telefónica como presencial a través de los servicios disponibles en la Sede Electrónica y en la 'app' de la Agencia Tributaria. Estas herramientas ofrecen una interfaz intuitiva que facilita la selección del canal de atención y la elección de fechas disponibles, permitiendo también filtrar oficinas por códigos postales e informando sobre la primera cita disponible. El plazo para presentar las declaraciones finalizará el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como a devolver, aunque para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, el plazo concluirá el 25 de junio. En la Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria estima ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más que en el ejercicio anterior Igualmente, se espera un importe a devolver de 13.271 millones de euros, lo que supone una reducción del 3,2%. El número total de declaraciones previstas asciende a 25.251.000, reflejando un aumento del 2,1% respecto al año pasado, debido al crecimiento del empleo registrado en 2025. En cuanto a las medidas de control, la Agencia Tributaria enviará alrededor de 130.000 cartas preventivas a aquellos contribuyentes que modifiquen la información proporcionada por la Agencia en su declaración. Este envío tiene como objetivo que los contribuyentes consideren la posibilidad de presentar una declaración complementaria…
Este domingo, 1.857 personas se presentarán a las pruebas de acceso para las 360 plazas de operadores de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, dentro de la Oferta Pública de Empleo de la compañía prevista para 2026. Las pruebas se realizarán en Madrid, específicamente en la Universidad Autónoma, y en Barcelona, en la Universitat Pompeu Fabra, donde se han convocado a 1.717 y 140 candidatos, respectivamente. Los aspirantes que superen esta primera fase serán convocados a una entrevista personal, y posteriormente deberán pasar un reconocimiento médico para completar el proceso de selección. Se espera que este proceso concluya a finales de julio. Las plazas se distribuyen entre diferentes especialidades: 173 para ajustador-montador con 920 candidatos, seis para caderería/chapa/soldadura con 70 admitidos, 142 para electricidad-electrónica con 618 admitidos, ocho para máquinas-herramientas con 135 admitidos y 31 para suministros con 114 admitidos. Esta convocatoria forma parte de un plan de empleo que permitirá a Renfe incorporar a más de 2.000 personas este año El plan de contratación es posible gracias a la tasa de reposición ordinaria y la adicional autorizada tras un acuerdo que desactivó la huelga del pasado febrero. Estas 360 plazas de talleres, anunciadas en marzo, se suman a las 550 plazas de maquinistas, cuyo examen fue el 9 de mayo, y a las 600 plazas para operadores comerciales de entradas.
El gasto en desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha superado el millón de euros en el primer trimestre del año, estableciendo un récord en la última década desde que se tienen estos registros. Este aumento se debe al incremento de la actividad parlamentaria, con 24 sesiones de comisiones de investigación celebradas en los primeros tres meses de 2026. Según datos proporcionados por Europa Press, el Senado ha aumentado cerca de un 7% el gasto en viajes de sus miembros en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento está asociado a una intensificación de las tareas parlamentarias, impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular, que ha autorizado la creación de hasta siete comisiones de investigación y ha aumentado la frecuencia de los plenos mensuales. Durante el primer trimestre de 2026, los senadores participaron en 24 sesiones pertenecientes a diversas comisiones de investigación, como las del caso Koldo, apagón, DANA, SEPI y red ferroviaria, además de otros plenos y comisiones parlamentarias. Aunque enero suele ser un mes inhábil para la actividad parlamentaria ordinaria, el Partido Popular decidió habilitarlo, convocando comisiones y plenos en siete días del mes. El Senado ha detallado un gasto total de 1.008.851,59 euros en el primer trimestre de 2026, incluyendo tanto los desplazamientos de carácter parlamentario, político y oficial, como los gastos de gestión, cancelación y cambio de billetes El Senado asume los costes de los viajes de los senadores en medios de transporte como avión, tren, autobús o barco, destinados al ejercicio de su labor parlamentaria, actividades políticas, sectoriales o de representación institucional. Adicionalmente, los parlamentarios disponen de una Tarjeta-Taxi con un crédito anual máximo de 3.000 euros para sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid. En caso de utilizar vehículos particulares, se reembolsan 0,25 euros…
Cientos de personas se congregaron en el centro de Pontevedra en una marcha organizada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y la plataforma Ulloa Viva. La manifestación tuvo como objetivo exigir el cierre de la planta de celulosa Ence y la paralización del proyecto de Altri en Palas de Rei, Lugo. La protesta, encabezada por una pancarta con el lema "Celulosas fóra! Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa", se dirigió hacia la delegación provincial de la Xunta, donde se depositó una corona mortuoria para simbolizar la demanda de fin del proyecto de Altri. En el acto final, celebrado en la Alameda, Antón Masa, presidente de la APDR, calificó las acciones como "una victoria indiscutible del pueblo gallego" y afirmó que la movilización ciudadana conseguirá el archivo definitivo del proyecto de Altri. Masa enfatizó que las organizaciones convocantes se encuentran en un momento de fuerza en sus luchas y criticó cualquier intento de mantener el proyecto Altri, destacando que su aprobación iría en contra de las alegaciones presentadas por Greenfiber, lo que consideró una posible ilegalidad. Las causas contra Altri y Ence son parte de una misma lucha, contra la contaminación de los ríos y rías gallegas En el contexto del cierre de Ence en la ría de Pontevedra, Masa destacó aspectos como el nuevo reglamento de Costas en desarrollo, que podría restringir las concesiones a instalaciones en terrenos marítimo-terrestres susceptibles de inundarse, tal como ocurre con Ence. Este cambio podría forzar la salida de la planta en 2033, mucho antes de lo previsto por la empresa, ya que las concesiones no deben exceder los 75 años desde 1958. El portavoz de Ulloa Viva, Marcial Barral, defendió la continuidad de la movilización para oponerse al proyecto de Altri. En el clima de optimismo que rodea a las…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado un paro parcial de una hora para el próximo viernes en la Agencia Tributaria. Esta acción coincide con la Campaña de la Renta y busca exigir un incremento de la plantilla, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos previamente firmados. Esta movilización es parte de una serie de protestas que comenzaron el pasado 6 de mayo con una manifestación ante la Secretaría de Estado de Hacienda. Las acciones se han prolongado con nuevas convocatorias el 13 de mayo y ahora, el 29 de mayo, culminando el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo. Coincidiendo con el paro del 29 de mayo, la Agencia Tributaria abrirá el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial en la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025. La atención en oficinas empezará oficialmente el 1 de junio. La serie de movilizaciones responde, según el sindicato, al bloqueo por parte del organismo para negociar mejoras en diferentes áreas laborales. Entre estas áreas se encuentran la implantación de una carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo. CSIF denuncia que la falta de efectivos en la Agencia Tributaria ha llevado a la plantilla al límite, con una cifra actual de unos 28.000 trabajadores El sindicato argumenta que, conforme a los estudios de la OCDE, el número de empleados debería situarse entre los 32.000 y los 33.000 para garantizar una estructura eficaz en la lucha contra el fraude. CSIF recuerda también que en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria para revisar la carrera profesional de los empleados, un compromiso que desde 2019 está bloqueado, resultando en pérdidas retributivas para los…
La octava semana del juicio por la 'Operación Kitchen' estará marcada por los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En estos días, la Audiencia Nacional concluirá la prueba documental y comenzarán las declaraciones de los acusados, aunque la fecha exacta aún no se ha fijado. Este caso investiga una presunta operación parapolicial del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, destinada a sustraer información al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, con el objetivo de entorpecer supuestamente las investigaciones sobre una contabilidad opaca en el partido. Entre los principales acusados están el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo. El Ministerio Público pide para ellos 15 años de cárcel. Para Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 y 12 años de prisión respectivamente. Los audios de Villarejo, que comenzaron a reproducirse la semana pasada, incluyen conversaciones con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal Estos audios, solicitados por el Partido Socialista, que actúa como acusación popular, son parte de los archivos obtenidos en 2017 durante los registros en la residencia del comisario. La Policía Nacional encontró allí abundante documentación y grabaciones. En una declaración anterior como testigo, Cospedal admitió sus reuniones con Villarejo, pero negó haberle hecho encargos, afirmando que solo le planteaba preguntas. La exdirigente del PP y su exmarido, Ignacio López de Hierro, estuvieron investigados en la instrucción de 'Kitchen', pero la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. El pasado mes de abril, el PSOE solicitó la suspensión del juicio para volver a imputar a Cospedal, pero la petición fue rechazada por el tribunal. Con la finalización de los audios de Villarejo, se cerrará…
El Partido Popular (PP) volverá a solicitar en el próximo Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusan de haber dejado desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al narcotráfico. Paralelamente, Vox demandará al Gobierno que arme adecuadamente a los agentes para que puedan actuar con plena eficacia y seguridad contra organizaciones delictivas que se tornan más violentas y agresivas. Estas iniciativas se enmarcan en sendas mociones derivadas de las interpelaciones que PP y Vox plantearon al ministro Grande-Marlaska durante la reciente sesión de control del Congreso. Las críticas surgieron tras la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva, evento que ambos partidos han usado para recalcar la petición de considerar de riesgo la profesión de los miembros de la Guardia Civil, además de exigir la dimisión del ministro, si bien solo el PP ha decidido llevar una nueva censura al Congreso. El PP, en su moción, denuncia la "insuficiente" dotación de medios y respaldo a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Además, insiste en que se reconozca la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil y se aumente "urgentemente" las plantillas en las zonas afectadas. También plantea restablecer la unidad OCON-Sur y reforzar el Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, Huelva y otras zonas del litoral andaluz. La seguridad de los agentes frente al narcotráfico es una prioridad que el Gobierno debe atender con urgencia La moción insta también al ejecutivo a crear una fiscalía especial para investigar delitos que menoscaben el principio de autoridad de las fuerzas de seguridad, y a impulsar una reforma del Código Penal para endurecer las penas por atentados contra la autoridad. Por su parte, Vox propone que el…