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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha comunicado que el partido se dispone a examinar minuciosamente el decreto de ayudas fiscales aprobado por el Consejo de Ministros. Este decreto, que consta de ochenta medidas, fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien solo ofreció detalles escuetos sobre su contenido. La votación se celebrará el próximo jueves en el Congreso. Nadal ha sugerido que, aunque algunas medidas del decreto podrían ser «apoyables» debido a sus beneficios para los ciudadanos, el Ejecutivo tiene la costumbre de incluir disposiciones que no guardan relación con el objetivo inicial del decreto. Según él, estas a menudo se pactan con sectores «más radicales del Parlamento». Hasta que veamos el conjunto del texto y teniendo en cuenta que un real decreto ley se convalida o no se convalida, es un sí o un no, no caben enmiendas, pues no podemos pronunciarnos sobre el mismo , explicó Nadal en una entrevista para RNE, según recoge Europa Press. Además del decreto de rebajas fiscales, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo decreto relativo a la vivienda. Este incluye medidas como la prohibición de desahucios y la prórroga de alquileres, cuestiones que ya han enfrentado al PSOE con Sumar. El PSOE descartó integrar estos puntos en el decreto de ayudas por falta de consenso parlamentario, considerando que PP, Vox y Junts han rechazado anteriormente iniciativas similares. Nadal ha declarado que el Partido Popular no apoyará este decreto de vivienda, ya que considera que «asusta» a los propietarios y retira viviendas del mercado de alquiler, lo cual incrementa la oferta. El dirigente del PP ha denunciado que el Gobierno ha vuelto a aplazar la presentación de los Presupuestos, esta vez justificándolo por la guerra de Irán. Nadal ha recordado que el Ejecutivo no…
Los ministros y líderes del partido Sumar han realizado un llamado a la movilización social para asegurar en el Congreso la prórroga de los alquileres. En una cumbre celebrada en la Cámara Baja, liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y varios ministros, Sumar destacó que la vivienda debe ser la principal bandera de la izquierda para vencer en los comicios generales venideros. Ministros de Sumar presionan por la vivienda en el centro de la agenda política Durante el encuentro, Díaz afirmó que sin la intervención de Sumar, los avances «no habrían sido posibles», subrayando la necesidad de posicionar la vivienda como pilar central de la acción política. Enfrentamientos recientes con el PSOE sobre este tema reflejan, según Díaz, una «misión» de movilizarse para garantizar que la prórroga de alquileres sea ratificada por el Congreso. Destacó la importancia de «ganar en la calle» y advirtió a Junts, PP y Vox sobre las consecuencias de bloquear el decreto de vivienda. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, agregó que Sumar es crucial porque el PSOE «flaquea» ante intereses económicos. Solicitó a Junts reconsiderar su oposición a la prórroga de alquileres y llamó a «retratar» a Vox para exponer su debilidad en cuestiones sociales. Mónica García, ministra de Sanidad, defendió el ‘plante’ ejercido por los ministros de Sumar durante el Consejo de Ministros para impulsar la prórroga de alquileres. Resaltó que cualquier presión que alivie a las familias es bienvenida, prometiendo «dejarse la piel» para ratificar la medida. Este decreto no solo afecta los alquileres, sino que es un pilar para impedir que la extrema derecha capitalice el malestar social Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, enfatizó que mientras el presidente Sánchez dedicó «un minuto» al decreto de vivienda, Sumar dedicará «un mes» para impulsar su aprobación. Advirtió además sobre la crueldad del PP…
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han manifestado su descontento ante las recientes medidas aprobadas por el Gobierno. Estas organizaciones han calificado de «decepcionantes y perjudiciales» las acciones establecidas en el decreto-ley del plan de respuesta a la subida del precio de la gasolina, una situación causada por el conflicto en Oriente Medio. Fenadismer ha destacado que, según el decreto, los vehículos particulares se verán compensados en casi un 100% por el encarecimiento del combustible. No obstante, para los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas anunciadas resultan insufficientes, cubriendo menos del 50% del sobrecoste real acumulado. De hecho, la federación ha cifrado este sobrecoste en aproximadamente 250 millones de euros durante las tres semanas de conflicto. Fenadismer ha advertido que podría convocar movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo no modifica las medidas antes de que termine marzo. Según un comunicado de la federación, «el sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación». Se anuncia una bonificación de 20 céntimos por litro para los transportistas, manteniéndose igual a la de 2023, pese a que entonces el gasóleo era más económico. Este hecho ha sido duramente criticado por la federación, que además subraya que esta ayuda quedará prácticamente reducida en un 25% debido a la eliminación del gasóleo profesional, existente desde 2007. El decreto-ley también dificulta trasladar a los clientes los incrementos de costes derivados del gasóleo, lo que sitúa a los transportistas en una posición de «total indefensión y desamparo frente a sus clientes». El decreto no ha actualizado el porcentaje que el gasóleo representa actualmente en los costos de explotación de los vehículos, agravando la «precaria situación económica» del sector…
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha calificado a la compañía ferroviaria como «una víctima» del accidente de Adamuz, y ha prometido que contribuirá a que las víctimas y sus familiares conozcan «la verdad» sin involucrarse en «especulaciones». Fernández Heredia ha expresado su compromiso con la transparencia en declaraciones recogidas por Europa Press. Álvaro Fernández Heredia ha afirmado que, al igual que en el trágico accidente ferroviario de Angrois en 2013 que causó 80 muertos y decenas de heridos, el único objetivo de Renfe es facilitar toda la información relevante a las autoridades judiciales. «Desde Renfe lo único que vamos a hacer es contribuir a que se conozca la verdad», manifestó, "lo que se merecen y quieren las víctimas". Son las declaraciones del directivo, que dice que la compañía se encuentra en busca de claridad sobre el incidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, que dejó un saldo de 46 fallecidos. En sus declaraciones, Fernández Heredia subrayó la importancia de evitar especulaciones que generan «ruido» y no benefician a las víctimas. «Todo lo demás, desde luego, es ruido, y a quien no hace ningún bien es a las víctimas», concluyó el presidente de Renfe. Esta postura busca eliminar distracciones innecesarias y unificar esfuerzos para que se esclarezca lo sucedido con los recursos judiciales adecuados.
El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, comparecerá el próximo martes, 24 de marzo, ante la Comisión de Transportes del Congreso. Su intervención está prevista para informar sobre las actuaciones del operador de infraestructuras ferroviarias tras el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), un trágico evento en el que perdieron la vida 46 personas por la colisión de dos trenes de alta velocidad. La aparición de Marco de la Peña ante la Cámara Baja tiene como trasfondo las solicitudes de comparecencia presentadas por el Partido Popular y Vox. Ambos partidos, liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal respectivamente, buscarán respuestas precisas sobre temas cruciales del incidente, tales como las condiciones de las vías, las obras realizadas en la infraestructura y los protocolos de seguridad seguidos. Los partidos también quieren que el presidente de Adif aclare si se habían recibido advertencias previas sobre la seguridad y el estado de las infraestructuras ferroviarias. Uno de los temas más polémicos a tratar será la retirada de material de las vías después de la tragedia, la cual fue realizada por Adif. Según la Guardia Civil, esto ocurrió sin la debida solicitud, aunque la empresa pública Ineco sostiene que el material no estaba precintado por la benemérita. La gestión de los más de 111 millones de euros de fondos europeos destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla también será objeto de discusión Aprovechando la comparecencia, los partidos también interrogarán al presidente sobre el accidente reciente en Gelida (Barcelona), donde perdió la vida un maquinista. Asimismo, se cuestionará el uso de los recursos europeos, los cuales debían dirigirse a modernizar la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, y se pedirán explicaciones de por qué ciertos tramos, como el del accidente en Adamuz, no fueron tratados con prioridad.
El Ministerio de Función Pública de España y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) están a punto de culminar las negociaciones para implementar la jornada laboral de 35 horas. Según ha confirmado UGT en un comunicado reciente, esta medida será una realidad a partir del próximo viernes. Para finalizar las discusiones, el Ejecutivo ha convocado dos reuniones técnicas esta semana, el lunes 23 de marzo y el miércoles, que deben ratificarse en la Mesa General de Negociación de la AGE. No solo está sobre la mesa la jornada de 35 horas, sino también la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026. El Gobierno ha introducido esta cuestión en las reuniones de la comisión técnica de temporalidad y empleo. UGT Servicios Públicos insiste en que la jornada de 35 horas debe ser un derecho universal dentro de la Administración. Además, UGT ha manifestado que no aceptará que la medida implique recortes en conciliación, flexibilidad o calidad del servicio público. UGT ha reclamado al Gobierno que asegure la compatibilidad entre la jornada de 35 horas y la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía En términos de empleo, el sindicato demanda la creación de empleo neto y pide a Función Pública que cumpla con los compromisos de ofertas anteriores. Específicamente, UGT busca agilizar los procesos selectivos para que se inicien en el año de su publicación y reducir plazos hasta su resolución. La falta de convocatoria para las ofertas de personal laboral de 2023, 2024 y 2025, que suman un total de 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna, es motivo de denuncia por parte de UGT. Esta situación genera un impacto negativo en el servicio público y en las expectativas del personal…
La reciente aprobación del decreto anticrisis por parte del Consejo de Ministros extraordinario ha generado controversia entre las distintas formaciones políticas. El partido Bildu ha criticado duramente la rebaja generalizada de impuestos anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que esta medida solo beneficiará a las grandes empresas energéticas y petroleras. En concreto, Sánchez ha anunciado la reducción del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%. Sin embargo, desde Bildu consideran que esta reducción de impuestos resulta insuficiente sin un control efectivo de precios. Advierten que podría conducir a «aumentos especulativos» en precios y beneficios, similar a lo ocurrido durante la guerra en Ucrania. Según Bildu, “no deben repetirse recetas que ya se han demostrado fallidas”. La rebaja impositiva, argumenta Bildu, no evitará prácticas especulativas que beneficien desproporcionadamente a ciertos sectores A pesar de las críticas, Bildu se ha mostrado satisfecho por haber incorporado tres medidas de protección en el decreto: la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y un mecanismo de ayuda para la industria electrointensiva. No obstante, la formación considera que estas medidas son insuficientes y se compromete a seguir luchando por un «escudo social y económico» más amplio. En este sentido, Bildu subraya la necesidad de garantizar un «reparto justo» de la riqueza, centrando sus esfuerzos en adoptar medidas de protección social y vivienda, como la prórroga de contratos de alquiler y cuotas hipotecarias variables. Asimismo, aboga por limitar los precios y beneficios empresariales, apoyar a la industria, fomentar la transición energética hacia fuentes renovables y promover una fiscalidad «justa» que implique a las grandes empresas en la respuesta a esta crisis.
El exvicepresidente del Gobierno español y exlíder socialista, Alfonso Guerra, ha revitalizado la propuesta de su compañero fallecido, Francisco Fernández Marugán, para enfrentar el desafío de la vivienda en España. Durante un homenaje a Marugán organizado por la Asociación de Exdiputados y Exsenadores en el Congreso, Guerra abogó por la construcción anual de 125.000 viviendas de protección oficial. Alfonso Guerra recordó las contribuciones de Marugán mientras lideró la Defensoría del Pueblo en sus últimos años de servicio público, donde dejó documentos significativos sobre cuestiones nacionales urgentes, entre ellas la vivienda protegida y el alquiler social. Guerra lamentó que «ahí está el diagnóstico y la solución del problema y parece que no lo quiere ver nadie». Afirmó que Marugán proponía con claridad volver a las cifras históricas de edificaciones para abordar la crisis actual, enfatizando que «ese es el problema, que se hacían 125.000 por año y ahora se hacen 5.000». Ahí está el diagnóstico y la solución del problema y parece que no lo quiere ver nadie Marugán, conocido por su liderazgo moral sin necesidad de jerarquía, era apreciado por todas las facciones políticas, una muestra del respeto que generaba su enfoque pragmático y sus claras convicciones. Según Guerra, este enfoque incluyó instar, independientemente del partido en el poder, a la aprobación de propuestas de la oposición más valiosas que las propias gubernamentales. Al recordar a Marugán, Guerra lo describió como un «socialdemócrata claro y práctico», cualidades que permanecen escasas en el entorno político actual. Subrayó que Marugán no se echaba atrás al expresar sus convicciones democráticas y socialistas, incluso cuando en su partido pocos lo hacían. Alfonso Guerra señaló la falta de auténtica amistad y diálogo entre personas de diferentes pensamientos en la actualidad, elementos que personificaba Marugán. Falta en estos tiempos la amistad entre los hombres de distinto…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar han alcanzado un acuerdo crucial para incluir un mayor control sobre los márgenes empresariales de las compañías de suministro de combustible en el nuevo decreto de medidas fiscales. Este pacto se enmarca en las respuestas necesarias para afrontar el impacto de la guerra en Irán. Según fuentes gubernamentales confirmadas a Europa Press, se reforzará la supervisión a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer posibles limitaciones a los beneficios de estas empresas. Las negociaciones entre ambas fuerzas políticas no han estado exentas de tensiones. Sumar, en un movimiento estratégico, retrasó el inicio del Consejo de Ministros extraordinario en más de dos horas en señal de presión. Este retraso fue crucial para lograr que el Gobierno en coalición, liderado por Pedro Sánchez, se comprometiera a firmar dos reales decretos diferentes en respuesta a sus demandas. El primer decreto contempla medidas fiscales importantes, como una rebaja del 10% en el impuesto a los combustibles y una reducción de tributos a la electricidad. Además, incluye la ampliación del bono social eléctrico y el control de los márgenes empresariales mencionados anteriormente. Por otro lado, el segundo decreto está enfocado en las políticas de vivienda que Sumar impulsaba fervientemente. Las iniciativas de este paquete incluyen la prórroga automática de 600.000 alquileres que expirarán este año, extendiéndolos por un periodo de dos años. Esta medida fue una de las exigencias principales de Sumar y ahora se convierte en realidad, según fuentes de la coalición citadas por Europa Press.
La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha anunciado que el Gobierno de España ha atendido a más de un centenar de personas en la Oficina de Atención Integral habilitada en Huelva. Este recurso está diseñado para asistir a los afectados y a los familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y de Gélida (Barcelona), el cual dejó un total de 46 fallecidos. Rico destacó que la oficina no solo canaliza información, sino que también facilita la tramitación de las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno mediante el real decreto-ley del pasado 28 de enero. Ubicada en la calle Verdigón, 11 y 13 en Huelva, la oficina presta servicios de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, y también en horario vespertino los martes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas. «Esta es la casa de todos los onubenses y serán atendidos por los funcionarios que integran esta oficina de atención integral», enfatizó Rico. En relación a la respuesta de la comunidad, la subdelegada mencionó que la provincia sigue lidiando con el dolor tras el accidente de Adamuz, pero ha respondido con una «solidaridad, cercanía y compromiso colectivo». Para aliviar la carga económica, el Gobierno ha establecido un plan de ayudas de 20 millones de euros, buscando «garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar una situación de angustia económica». El Ejecutivo central actúa con responsabilidad y lleva hasta el final las investigaciones necesarias para conocer la verdad y depurar todas las responsabilidades, acompañando en todo momento a las víctimas Rico subrayó que hay «plena disposición» por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para colaborar con las investigaciones conducentes a descubrir la verdad detrás de los accidentes. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios trabaja tanto en el análisis de…