Economía

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha realizado un análisis sobre el Real Decreto-ley 7/2026, recientemente aprobado por el Gobierno, destacando sus profundas reformas en el sector energético español. Según el informe elaborado por el profesor Diego Rodríguez, el decreto introduce cambios estructurales en acceso y conexión a redes, planificación de infraestructuras, así como en el fomento de renovables, almacenamiento y descarbonización industrial. Estos ajustes buscan no solo paliar el encarecimiento energético a corto plazo, sino abordar cuestiones estructurales del sector eléctrico. Fedea resalta que el decreto introduce reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico. Sin embargo, alerta sobre el riesgo asociado a la utilización del acceso a la red eléctrica como herramienta de una política industrial intervencionista. En particular, la entidad advierte que la introducción de proyectos de alta prioridad, definidos por la Administración, podría derivar en una asignación discrecional del acceso, desviándose del principio de prelación temporal y mecanismos de concurrencia competitiva tradicionales. La discrecionalidad en la asignación de acceso a la red podría distorsionar la competencia en el sector energético. La normativa también anticipa un régimen específico para centros de datos, con posibles requisitos sobre el origen renovable de la electricidad y la eficiencia energética, lo que Fedea desaconseja, al considerarlo ajeno al procedimiento de acceso a la red. En cuanto a mejoras específicas, Fedea elogia la creación de una prestación por reserva de capacidad, diseñada para combatir el acaparamiento especulativo. Además, respalda la introducción de hitos temporales que provocan la caducidad automática de permisos incumplidos. Estas medidas buscan dinamizar la capacidad de la red, liberando espacio para nuevos proyectos viables. Sobre la planificación de la red de transporte, el informe destaca la flexibilización en los mecanismos de revisión, lo que facilita adaptarse a la demanda real. Asimismo, la inclusión de zonas de…
BBVA ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, en la segunda semana de la segunda fase de su programa de recompra de acciones, ha ejecutado casi la mitad de este tramo, cuyo valor es de 1.000 millones de euros. En total, el plan contempla adquisiciones por 3.960 millones de euros en sus diferentes fases. La entidad bancaria presidida por Carlos Torres ha logrado ejecutar el 49,49% del programa, lo que representa un avance significativo. Al comienzo del mes, el banco finalizó el primer tramo con un desembolso de 1.500 millones de euros. Citi es la encargada de llevar a cabo estas operaciones en plataformas como el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo, Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange. Durante la segunda semana, BBVA ha recomprado 12 millones de acciones a un precio medio de 18,38 euros por unidad, lo que representa un gasto de aproximadamente 220,63 millones de euros. El programa de recompra está previsto para concluir a más tardar el 8 de diciembre de 2026, aunque podría finalizar antes si se alcanza el límite monetario de 1.000 millones de euros o se adquiere el número máximo de acciones estipulado, que asciende a 482.353.131 títulos. BBVA tiene previsto comprar diariamente 2,1 millones de acciones en el Mercado Continuo, 635.150 acciones en Cboe Europe, 84.340 títulos en Turquoise Europe y 180.510 acciones en Aquis Exchange. Estos volúmenes representan menos del 25% del promedio diario en cada plataforma de negociación. Una vez completado este tramo, la entidad continuará con la distribución del restante hasta alcanzar el total de 3.960 millones de euros establecidos para el programa completo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha atribuido los positivos datos de empleo a las reformas laborales impulsadas por su departamento en los últimos años. En un reciente vídeo, Díaz destacó que en marzo España alcanzó el nivel más bajo de desempleo en 18 años, con una reducción de 22.934 personas respecto a febrero. La ministra también resaltó que el paro femenino registró en marzo su cifra más baja para este mes desde 2008 y que el desempleo juvenil alcanzó mínimos históricos. En cuanto a la contratación, Díaz subrayó que en marzo el 44% de los contratos firmados fueron indefinidos, comparado con el 10% previo a la reforma laboral. Estos datos reflejan el impacto de las reformas laborales emprendidas por el Ministerio de Trabajo durante los últimos seis años. Además de valorar estos logros, Díaz aseguró que el Gobierno continuará con su agenda reformista. “Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país”, afirmó. La próxima medida en la agenda del Ejecutivo es el control del registro horario. Díaz denunció que se realizan semanalmente dos millones y medio de horas extras sin remunerar, una situación que, asevera, es irregular y que se propone corregir.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado el extraordinario comportamiento de la afiliación laboral en marzo, mes en el que la cifra de ocupados superó por primera vez los 22 millones en términos desestacionalizados. Según Saiz, esto evidencia la creación de un millón de empleos en menos de dos años. En un vídeo para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social, Saiz ha señalado que marzo de 2026 se ha convertido en el mejor marzo de toda la serie histórica, con un incremento de 211.000 ocupados respecto al mes anterior y 525.000 más en el último año. Además, la ministra ha enfatizado que desde la reforma laboral se han generado 2,2 millones de empleos, y 3,3 millones desde 2018. La cifra récord de mujeres afiliadas, con casi 10,4 millones de ocupadas en marzo, es un hito destacado en el mercado laboral. Saiz también ha subrayado el crecimiento del 36% en la afiliación de jóvenes, destacando que estas cifras superan las de otras franjas de edad, lo que, según ella, refleja la capacidad del mercado laboral para absorber nuevo talento. En cuanto a la calidad del empleo, ha remarcado que el 90% de los contratos son indefinidos, lo cual considera un logro significativo. En definitiva, hay mucho que celebrar como un éxito de país este mes de marzo, ha concluido Saiz, asegurando que continuarán trabajando por un mercado laboral justo, robusto y de calidad.
Europa vuelve a mirar hacia las grandes compañías energéticas como fuente potencial de ingresos públicos en un momento de transformación económica y presión social. España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha impulsado en las últimas semanas una propuesta para establecer un impuesto coordinado sobre los beneficios extraordinarios del sector energético en la Unión Europea, abriendo un nuevo frente fiscal que combina urgencia política y complejidad económica. La iniciativa llega en un momento de tensiones geopolíticas, volatilidad de los precios energéticos y la necesidad de financiar una transición energética que exige inversiones históricas. Aunque los precios de la energía han moderado su escalada desde los máximos alcanzados tras la invasión rusa de Ucrania, el recuerdo de aquella crisis sigue presente en la agenda política europea. Durante ese periodo, el encarecimiento del gas y la electricidad disparó los márgenes de muchas compañías energéticas, generando beneficios récord que contrastaban con el deterioro del poder adquisitivo de hogares y empresas. Fue entonces cuando varios gobiernos europeos, entre ellos el español, introdujeron gravámenes temporales sobre estos beneficios extraordinarios. Si una parte significativa de esos ingresos respondía a factores externos (como disrupciones en el suministro o conflictos internacionales), resultaba legítimo que el Estado capturase parte de ese excedente para redistribuirlo. Estas medidas, concebidas inicialmente como excepcionales, permitieron financiar ayudas directas, bonificaciones en la factura energética y otras políticas de contención de la inflación. La propuesta que ahora se discute en Bruselas pretende coordinar estos impuestos a escala europea, evitando la fragmentación regulatoria y sentando las bases para su posible continuidad en el tiempo. Según informaciones publicadas por El País, los países impulsores consideran que una acción conjunta reforzaría el mercado único, pero también impediría que las diferencias fiscales entre Estados condicionen la localización de inversiones energéticas. El planteamiento abre un intenso debate sobre el…
El paro registrado en España disminuyó en 22.934 personas en marzo respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del 0,9%. Este retroceso, casi el doble que en marzo de 2025, se debe principalmente al sector servicios, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta reducción situó la cifra de desempleados en 2.419.712, siendo el nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años. La caída del paro en marzo de este año superó el descenso registrado en el mismo mes de 2025, que fue de 13.311 desempleados, aunque fue inferior a los descensos de marzo de 2024 y 2023, que fueron de 33.405 y 48.755, respectivamente. Desde la serie histórica comparable iniciada en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones durante el mes de marzo, siendo el descenso más significativo el de 2002, con 66.800 parados menos. El mayor incremento ocurrió en 2020, con 302.000 desempleados adicionales debido a la pandemia. En términos desestacionalizados, en marzo de 2026 el desempleo bajó en 15.534 personas. Durante el último año, el descenso acumulado del paro ha sido de 160.426 personas, un 6,2% menos, con una disminución del desempleo femenino de 95.206 mujeres y del masculino de 65.220 hombres. El sector servicios y el paro femenino lideran la reducción Por sectores, el mayor descenso en marzo se produjo en el sector servicios, que registró una disminución de 18.852 desempleados, seguido de la construcción con 5.846 menos y la industria con 1.482 menos. Sin embargo, el desempleo aumentó en la agricultura, que sumó 365 parados, y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto principalmente por jóvenes, donde subió en 2.881 personas. El paro disminuyó en ambos sexos, aunque más entre mujeres, con un retroceso de 14.841 paradas frente a 8.093 desempleados hombres. El total…
El precio del petróleo Brent, referencia en Europa, experimentó un incremento cercano al 1% este lunes a las 8:05 horas, situándose alrededor de los 110 dólares por barril. Esto representa un aumento significativo en comparación con los 72 dólares antes del reciente ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En paralelo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, mostró una subida del 0,1%, alcanzando los 111 dólares por barril. Este incremento en el precio del petróleo se produce tras un nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. Este paso estratégico conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es vital para el comercio de cerca de una quinta parte del petróleo y el gas global. Trump ha fijado el plazo para que Irán llegue a un acuerdo y reabra el estrecho hasta las 20:00 horas del martes en la costa Este estadounidense, las 3:30 horas del miércoles en Irán, y las 2:00 horas en la España peninsular. El cierre del estrecho de Ormuz y el incremento de las tensiones geopolíticas han generado un aumento notable en el precio del petróleo. Las declaraciones del presidente estadounidense han sido contundentes, con amenazas de bombardeos sobre centrales eléctricas y puentes iraníes si no se cumplen sus demandas. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó estas amenazas como un posible crimen de guerra. La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo tensa. Irán ha restringido el paso, permitiendo solo el tráfico de buques no alineados con sus adversarios. Según informaciones recientes, 15 buques han atravesado el estrecho con permiso de Irán en las últimas 24 horas, lo que supone aproximadamente el 10% del tráfico anterior al…
La Campaña de la Renta y Patrimonio del año 2025 iniciará este miércoles, 8 de abril, con la apertura del plazo para presentar declaraciones por internet, según informa la Agencia Tributaria. Los datos fiscales de los contribuyentes ya están disponibles para facilitar la gestión de las declaraciones. Además, se podrá obtener el número de referencia necesario para gestionar todos los servicios asociados a la campaña, así como a campañas anteriores. El plazo para la presentación de declaraciones a través de internet se mantendrá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Desde el 8 de abril de 2026, los contribuyentes tendrán acceso al borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la declaración podrá confeccionarse por teléfono, previa solicitud de cita a partir del 29 de abril. Por último, entre el 1 y el 30 de junio, se ofrecerá atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, con citas disponibles desde el 29 de mayo. El plazo para declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finalizará el 25 de junio. Quienes estén obligados a declarar en esta campaña son contribuyentes con ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador, o de 15.876 euros de varios pagadores. Trabajadores autónomos, beneficiarios del ingreso mínimo vital y sus unidades de convivencia también deben presentar declaración. Sin embargo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo están exentos de esta obligación tras la aprobación del real decreto-ley. En la campaña correspondiente a 2024, la Agencia Tributaria devolvió 13.094 millones de euros a 15,6 millones de contribuyentes, con un 97,5% de las devoluciones solicitadas completadas para finales de año. Se presentaron 24,7 millones de declaraciones, un aumento del 2,4% con respecto al año anterior, y un 65%…
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está considerando revisar a la baja su previsión de crecimiento económico del 2,3% para 2026 debido al impacto del conflicto en Oriente Próximo. Este conflicto podría afectar la confianza y, a su vez, las decisiones de consumo e inversión en sectores como el turismo. Según la CEOE, el crecimiento del PIB podría descender hacia el 2% o incluso menos. En cuanto a la inflación, la organización estima que, si la guerra y las tensiones persisten, la inflación podría situarse entre el 3% y el 4% en los próximos meses, superando su previsión inicial del 2,6% para el año. Según datos de marzo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación interanual subió al 3,3%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles, el valor más alto desde junio de 2024. La situación en Oriente Próximo podría incidir notablemente en la inflación y el crecimiento económico de España, obligando a revisar las previsiones actuales. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, señala que la duración del conflicto influirá directamente en los precios de la energía y, por cada 10 dólares de aumento en el precio del petróleo, se estima un incremento de al menos tres décimas en la inflación. Aunque la previsión actual del IPC es del 2,6% anual, podría llegar al 3% si el conflicto se prolonga. El impacto económico se manifestará principalmente en los precios de la energía y el transporte, mientras que el crecimiento del primer trimestre podría ser moderado. El sector exterior también se verá afectado por el encarecimiento de las importaciones y un menor dinamismo de las exportaciones. La incertidumbre generada por la guerra ha llevado a varias instituciones a revisar sus previsiones macroeconómicas. El Gobierno español ha indicado que está revisando su cuadro macroeconómico, en tanto que el Banco de…
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, actualmente también vicepresidente primero del Gobierno, enfrenta un estancamiento significativo en la tramitación de tres proyectos de ley en la Comisión de Economía del Congreso. Estos proyectos, aprobados en su momento por el Consejo de Ministros, aguardan avanzar en el proceso legislativo, con uno de ellos detenido desde hace más de dos años. Las legislaciones en cuestión incluyen el proyecto para modificar los criterios de tamaño de las empresas respecto a la información financiera, la regulación de administradores y compradores de créditos, y la norma para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Esta última, iniciada en la anterior legislatura bajo el liderazgo de Nadia Calviño, busca establecer una agencia que unifique los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. El retraso en la tramitación de estos proyectos refleja la complejidad política actual, influenciada por la oposición de partidos como PP, Vox y Junts. El proyecto de defensa del cliente financiero, que casi se aprobó anteriormente pero decayó tras un adelanto electoral, fue reenviado al Congreso en esta legislatura. Sin embargo, su examen sigue pendiente desde diciembre de 2024. Este retraso ha provocado que quede fuera de las reformas necesarias para obtener fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, lo que complica aún más su tramitación. A pesar de las dificultades, desde el Ministerio de Economía se asegura que la Autoridad del Cliente Financiero es una prioridad y se prevé intentar su aprobación en el Congreso. Asimismo, la Comisión de Economía sigue pendiente de procesar la ley sobre la regulación de administradores y compradores de crédito, que busca obligar a los prestamistas a tener políticas de renegociación de deudas y proteger a los consumidores financieros. Este proyecto llegó al Congreso en marzo de…