Unos 900 fondos de inversión de capital riesgo administran conjuntamente más de 100.000 millones de euros en tierras agrícolas en la Península Ibérica, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Desde la organización señalan que la llegada de estos fondos está "en auge" y que, desde 2019, las transacciones de fincas rústicas han experimentado un notable incremento del 20%. En 2024, según COAG, el fenómeno de la 'uberización' del sector agrario español se ha intensificado, facilitando la entrada de fondos especulativos en el mercado.
COAG atribuye esta tendencia a un aumento de la concentración en la producción agrícola y a la existencia de oligopolios que dominan una parte considerable del mercado agrario de la región. En concreto, tan solo el 6,6% de las empresas del sector monopoliza la subida que ha experimentado la renta agraria (10,8%) durante el 2024, puesto que este porcentaje de empresas acapara, según datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 42% del valor de la producción del campo español.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, lamenta que en este contexto los beneficiados del aumento de la renta agraria acaban siendo los "accionistas de Wisconsin o la City de Londres" y los pequeños y medianos agricultores y ganaderos son los perjudicados
Además, Padilla señala que la creciente concentración provoca que cada vez haya mayores barreras de entrada al mercado para los "jóvenes" y denuncia que el "actual modelo social y profesional" de los agricultores y ganaderos se encuentra en peligro, aunque afirma que la agricultura "tiene un gran futuro en España".
Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, entre ellas COAG, muestran su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur por representar el "golpe definitivo" para agricultura y ganadería europeas y piden que el Gobierno español no ratifique este acuerdo, como ya han defendido en varias protestas en los últimos meses.
Asimismo, COAG exige que se suspenda el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por violar el derecho internacional al vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, tal y como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
