La nueva Ley de Economía Social, diseñada para modernizar y actualizar el sector, entra en vigor este viernes 10 de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta normativa busca adaptar el marco legal de la economía social a las cambiantes circunstancias económicas y sociales actuales. El objetivo principal es crear un entorno normativo comprensivo e integral que favorezca el desarrollo de las principales entidades del sector, promoviendo una mayor cohesión social y un progreso sostenible.
El Gobierno ha indicado que la obligación para las cooperativas con más de 500 socios de disponer de una página web corporativa no entrará en vigor hasta un año después de la implementación de la ley. Esta norma, aprobada definitivamente el pasado 26 de marzo por el Congreso, pretende combatir el intrusismo en las cooperativas y clarificar qué empresas forman parte de la economía social, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Ley consta de cuatro artículos que modifican leyes claves para el sector: Ley de Cooperativas, Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, Ley de la Economía Social y Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas. Se pretende potenciar fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, donde las cooperativas mantienen la propiedad de las viviendas cedidas y no distribuyen retornos cooperativos.
La normativa también busca actualizar la Ley de Cooperativas con iniciativas como la elaboración de planes de igualdad cooperativos y la creación de una Comisión de Igualdad que promueva la conciliación y la representación equilibrada de género en los órganos sociales. En cuanto a la Ley para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, se ofrece una definición más precisa de estas empresas, asegurando su competitividad y desvinculando las nociones de exclusión y vulnerabilidad de las personas contratadas. La ley también reforma la Ley de Economía Social para clarificar las entidades que forman parte del sector y mejorar la contratación pública reservada para empresas de inserción y centros especiales de empleo.
La Ley de Economía Social representa un avance significativo para la identidad jurídica y el modelo de intervención social de las empresas de inserción.
Tras su aprobación, Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), calificó la ley como un "gran avance" para el sector y destacó mejoras en las empresas de inserción y la simplificación normativa, como la posibilidad de celebrar asambleas telemáticas. Sin embargo, Pedreño señaló que la ley no cierra el proceso de mejora normativa, ya que aún quedan aspectos pendientes para el cooperativismo. Luis Miguel Jurado, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), lamentó la falta de medidas específicas para las cooperativas de trabajo, considerando que el cooperativismo de trabajo ha quedado "diluido" en un marco normativo demasiado amplio.
El sector de la Economía Social en España está compuesto por 127.532 empresas y entidades, que generan 2.250.389 empleos directos e indirectos y obtienen una facturación de 169.691 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
