El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el decreto ley que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos obligará al propietario a indemnizar al inquilino si decide no renovarlos sin una causa justificada.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Bustinduy ha defendido esta medida, incluida en el segundo de los dos decretos aprobados por el Gobierno. Ese texto sigue pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque el Congreso tiene previsto votar este viernes su convalidación o derogación.
El ministro ha sostenido que los contratos indefinidos de alquiler existen «en media Europa» y ha calificado la propuesta de «sentido común». Según ha explicado, cuando un contrato venza a los cinco años, si quien lo suscribe es una persona jurídica, se renovará automáticamente salvo que exista un motivo justificado para no hacerlo.
Entre esas causas, ha mencionado que el propietario necesite la vivienda para residir en ella o para alojar a un familiar. Fuera de esos supuestos u otros similares, ha señalado, la decisión de no renovar el contrato llevará aparejada una indemnización. Bustinduy ha comparado este mecanismo con el de las relaciones laborales: «Si te despiden, te tienen que indemnizar, si no hay una causa justificada».
Según Bustinduy, el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si no renueva el contrato sin una causa justificada
El titular de Consumo ha presentado la propuesta como un cambio en el mercado del alquiler destinado a ofrecer mayor seguridad a los inquilinos. Su objetivo, ha afirmado, es reducir la incertidumbre ante el vencimiento del contrato y evitar que un propietario expulse a quien ocupa la vivienda para cobrar un 40% más de renta o destinarla al alquiler turístico.
Bustinduy también ha cuestionado los motivos de quienes rechazan la medida y los intereses que, a su juicio, defienden al oponerse a ese modelo.
Movilización para lograr el respaldo del Congreso
El ministro ha llamado a la movilización y a la presión para que el Congreso convalide este viernes los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Según ha defendido, ambos recogen las principales demandas expresadas en las calles de todo el país. Además, ha advertido de que quienes intenten bloquearlos asumirán «un altísimo coste político».
«Son necesarios y son de justicia», ha insistido Bustinduy, que ha reconocido la contribución de los partidos que han trabajado para sacar adelante los textos. El ministro ha calificado los decretos de «ambiciosos» y ha asegurado que su respaldo parlamentario, que espera obtener este viernes, supondría una victoria para las clases populares.
Como siguientes pasos, una vez aprobadas estas medidas, Bustinduy ha señalado dos prioridades para los Presupuestos Generales del Estado de 2027: una fiscalidad que desincentive la concentración de propiedades inmobiliarias y la construcción «masiva» de vivienda pública.
