Cientos de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires contra la Ley Ómnibus, en la primera huelga general que vive Argentina desde 2019
La llegada al poder del presidente Javier Milei ha estado marcado por la polémica desde el primer momento. Sus partidarios lo ven como el salvador de la nación, mientras sus detractores ya han marchado en varios "cacerolazos" para protestar por unas reformas que consideran poco "patriotas".
En qué consiste la Ley Ómnibus
Durante su campaña electoral, Javier Milei dejó claro que el problema de la República Argentina era el de siempre: mucho Estado y poco margen para el emprendimiento privado. Además de denunciar la corrupción de los gobernantes kirchneristas, Milei publicitó la necesidad y la urgencia de limpiar de arriba a abajo el sistema económico, político y social del país.
En su primer discurso como presidente, su frase "no hay plata" pilló desprevenidos incluso a algunos de sus votantes, pero la realidad es evidente: Argentina atraviesa una crisis económica que se ha enraizado en las entrañas del propio sistema, y la inflación y la deuda ahogan cualquier intento de reflotar la nación.
Para poder introducir reformas de una manera relativamente rápida o excepcional, en Argentina existe lo que se conoce como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un tipo de norma que, a pesar de ser sancionada solo por el Poder Ejecutivo, tiene validez de ley. Cuando se promulga, es el Congreso el que tiene la última palabra para determinar si tiene vigencia o no.
El miércoles 20 de diciembre y en pos de "comenzar formalmente el camino de la reconstrucción", según sus propias palabras, el presidente firmaba el DNU que le permitiría empezar a gestionar sus reformas futuras.
El "decretazo", como se le empezó a conocer, contiene más de 600 artículos que modifican una veintena de leyes. En diciembre, Milei ya anunció treinta medidas para la "desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional". Ahora, la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), se mira cada vez con más recelo desde la oposición.
Por un lado, el texto propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol. Pero el paquete de leyes se centra en algunas áreas que solo pueden ser modificadas por el Congreso.
Hay un capítulo dedicado a la reforma del Estado, que propone declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público.
Se trata de cerca de 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.
En el capítulo sobre la reforma electoral se incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocidas como PASO, que han sido motivo de controversia desde su creación en 2009.
El mega decreto modifica o deroga algunas leyes vigentes y traerá cambios radicales en sectores tan diversos como el inmobiliario, el de supermercados, el turismo, la venta de automóviles, la medicina y el campo laboral. Según el gobierno, los cambios eliminará la burocracia y las trabas que le hacen la vida más difícil a los argentinos, y ayudará a impulsar a sectores económicos hoy postergados, modernizando al Estado.
Aunque sin duda, lo que más preocupa tanto a ciudadanos como a oposición es la propuesta que incorpora nuevos límites a las manifestaciones, así como los cinco años de prisión a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado".
Sin embargo, está prohibido utilizar el DNU para legislar en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, cosas que, como hemos visto, van incluidas en la Ley Ómnibus. Y aunque algunas propuestas, como la eliminación de las PASO cuentan con cierto respaldo, es probable que acaben por paralizarse.
Porque para que esta clase de decretos continúe vigente, como hemos dicho, tiene que pasar el filtro del Congreso. Y el partido de Javier Milei no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados (40 escaños) ni en el Senado (7). Por lo tanto, el presidente deberá esforzarse por alcanzar acuerdos con las fuerzas ideológicas cercanas si quiere que las medidas sean eficaces a largo plazo.
Huelga general y marcha atrás con YPF
Este miércoles, cientos de miles de personas inundaron las calles de Buenos Aires para protestar contra el "decretazo" que sigue pendiente de evaluación, ya que el debate sobre el mismo se ha postergado hasta el próximo martes. La huelga general, organizada por la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), ha sido concurrida por unas 600.000 personas, según los datos aportados por los sindicalistas. Para la policía de la ciudad, las cifras bajan hasta los 130.000 manifestantes, mientras que según Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, solo 40.000 opositores estuvieron presentes.
Lo que está claro es que las medidas privatizadoras están causando conmoción en parte de la sociedad argentina. El Ejecutivo ha valorado en 1.500 millones de dólares las pérdidas que la huelga le ha causado el país, que se ha sentido especialmente en el sector de la aviación.
Hay que destacar que durante la presidencia Mauricio Macri (2015-2019) se produjeron hasta cinco huelgas generales, mientras que durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) -de corte kirchnerista o peronista-, no se tuvo que lidiar con ninguna.
Mientras la situación política y social se enreda cada vez más, Javier Milei ha dado marcha atrás con algunas de sus ideas. La más destacada es su renuncia a la privatización de YPF, un caso que le ha costado más de un quebradero de cabeza a los anteriores gobiernos del país. Al parecer, la crispación existente en el Congreso, derivada de las múltiples reformas acometidas por Milei en el DNU, ha provocado que el presidente de marcha atrás en este aspecto, quizá para buscar una alianza con partidos que aunque siendo sus socios, le han dado la espalda.
El paso atrás se ha visto reflejado en las modificaciones efectuadas por Milei en el texto enviado al Congreso, donde también se cambian elementos relativos al Banco Nación, que un principio iba a ser privatizado totalmente, pero que ante las críticas, se ha quedado en un sistema mixto con una privatización parcial.
La semana pasada, Milei viajó a Davos con el asunto de YPF aún pendiente. Argentina sigue debiendo 16.000 millones dólares que la justicia estadounidense le exige por la expropiación de la petrolera. Su intervención en Suiza no fue demasiado bien recibida por los acreedores internacionales, pero Argentina ya prepara un recurso para hacer frente a la sentencia y reducir el dinero que todavía tiene pendiente de pagar por el caso YPF.
