Las estaciones de servicio que intenten incrementar sus beneficios aprovechando las ayudas gubernamentales y rebajas fiscales, aprobadas para mitigar las consecuencias de la crisis en Irán, serán identificadas en una lista pública. Esto permitirá a los consumidores presentar reclamaciones. Este miércoles entra en vigor el real decreto-ley diseñado para abordar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, el cual incluye un mayor control sobre el mercado de combustibles.
La nueva normativa, promovida por el Ministerio de Consumo, busca informar a los consumidores sobre las estaciones de servicio que podrían estar aprovechando las ayudas estatales, como el descuento por litro de combustible, para aumentar sus márgenes de ganancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de monitorear los márgenes de beneficio y toda irregularidad será publicada en una lista habilitada en su sitio web, dando a los consumidores la opción de presentar reclamaciones.
Este mecanismo establece la obligación para todos los operadores al por mayor de desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, siendo infracción grave no cumplir con este requisito
Hasta ahora, solo aquellos operadores con capacidad de refino en España estaban obligados a informar sobre sus datos. Sin embargo, con esta modificación, la obligación se extiende a todos los operadores al por mayor. Esto permite que la CNMC identifique en qué gasolineras se producen anomalías en los precios de los carburantes.
Además, se establece que las gasolineras deben habilitar un canal de reclamación visible y accesible tanto en el establecimiento como en su página web. Este canal estará disponible durante tres meses tras ser eliminadas de la lista pública.
Se introduce también el concepto de responsabilidad compartida. Si la fijación del precio corresponde a un tercero, la gasolinera deberá proporcionar al consumidor los datos de contacto del distribuidor mayorista, quien es el responsable de fijar el precio.
El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha señalado que si una empresa rechaza una reclamación, deberá informar al consumidor sobre las vías para resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales, así como proporcionar los datos de los organismos competentes para que el consumidor pueda ejercer sus derechos.
