La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) ha solicitado a la Comisión Europea que acelere el desarrollo de un marco normativo para el teletrabajo en el ámbito europeo. La petición se produce tras una recomendación de Bruselas que sugiere fomentar esta modalidad laboral como medida para ahorrar energía. La ETUC advierte que esta propuesta, aunque podría contribuir al ahorro energético, no debe implicar costes adicionales ni pérdida de derechos para los trabajadores, especialmente en un contexto de incremento de los precios de la electricidad.
La organización sindical subraya que el teletrabajo no debe llevar a los trabajadores a asumir costes ni perder derechos en comparación con quienes trabajan de forma presencial.
La ETUC insta al Ejecutivo comunitario a concluir rápidamente la legislación sobre teletrabajo, actualmente en su segunda fase de consulta, y destaca la importancia de incluir garantías que protejan el derecho a la desconexión fuera del horario laboral. Asimismo, solicita que los empleadores cubran todos los gastos relacionados con el trabajo en remoto, como equipos, conexión o consumo energético, asegurando que los derechos laborales se mantengan, especialmente en términos de salario, formación y salud laboral.
Los sindicatos también alertan sobre los riesgos que conlleva el uso intensivo del teletrabajo sin un marco claro. Citando datos de la propia Comisión, indican que quienes trabajan desde casa tienen una probabilidad cuatro veces mayor de hacerlo en su tiempo libre, afectando particularmente a las mujeres. La ETUC resalta que el teletrabajo no debería aumentar las desigualdades, como las cargas de cuidados no remunerados, ni dar lugar a prácticas de control excesivo por parte de las empresas. Se recalca que cualquier sistema de supervisión debe limitarse a fines legales, ser proporcionado y respetar tanto la normativa de protección de datos como los convenios colectivos.
Finalmente, la confederación sindical solicita que la Unión Europea complemente estas medidas con políticas que protejan el poder adquisitivo y el empleo, como el control de precios energéticos, el uso de herramientas para la gestión de crisis o la inversión en eficiencia energética. Estas peticiones se producen tras el llamamiento de la Comisión Europea a los Estados miembro para reducir la demanda energética, en respuesta a la volatilidad de los mercados energéticos por el conflicto en Oriente Próximo.
