Europa se enfrenta a un crucial desafío para recuperar su competitividad, intentando cerrar una considerable brecha de inversión estimada entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales. Así lo revela el informe del McKinsey Global Institute titulado 'Catalizando la competitividad: Dónde se invierte y por qué'. El estudio destaca que mientras la industria tradicional del centro del continente experimenta una desaceleración estructural, España y Portugal muestran condiciones más propicias para atraer inversiones industriales específicas.
España, en particular, dispone de una combinación de factores favorables para la atracción de inversiones industriales, especialmente en sectores intensivos en energía, gracias a sus costes energéticos competitivos y al acceso al mercado europeo. Este panorama se complementa con una mejora sostenida en los niveles de inversión del país. A nivel europeo, el informe alerta sobre el freno que ha experimentado el motor de inversión en las principales economías occidentales durante las últimas dos décadas, afectando notablemente la competitividad y productividad de la región.
Europa debe incrementar significativamente la inversión privada para ampliar su capacidad productiva e innovadora
A pesar de estos desafíos, el ritmo inversor no es homogéneo en todos los territorios europeos. Alemania, por ejemplo, ha visto reducir su tasa de inversión productiva neta al 0,2% de su PIB debido a políticas fiscales y restricciones al endeudamiento. En contraste, España presenta un mayor dinamismo, con una tasa de inversión productiva neta superior al 2% de su PIB. Junto a España, Francia e Italia también han recobrado un impulso inversor dinámico tras la crisis de la eurozona.
Portugal, por su parte, registra una tasa de inversión productiva neta del 4,6% de su PIB en 2024, situándose entre las economías europeas con mayores niveles de inversión. Aun con esta tendencia favorable, persisten desigualdades en el stock de capital productivo acumulado: España supera en este aspecto a Portugal, pero queda por detrás de Francia, Alemania y Estados Unidos.
El coste de la energía se identifica como un factor crucial en las decisiones de inversión industrial. Desde 2022, los crecientes costes energéticos han provocado el cierre de cerca de 40 millones de toneladas de capacidad petroquímica. En este contexto, España y Portugal se benefician de una mayor disponibilidad de energías renovables y costes eléctricos comparativamente bajos. En 2024, el precio medio de la electricidad industrial en España fue de aproximadamente 120 dólares por MWh, notablemente inferior a los 200 dólares de Alemania y los 155 dólares de media en la UE-27.
El estudio destaca que regiones con costes energéticos más competitivos, como la península ibérica y los países nórdicos, están captando nuevas inversiones electrointensivas. Sin embargo, pese a tener localizaciones competitivas en sectores como las gigafactorías de baterías, los costes europeos siguen siendo mayores que los de China.
El informe también aborda los altos costes laborales y la lentitud en el desarrollo de proyectos como factores que impiden la competitividad frente a líderes globales como China y Taiwán. Una parte considerable de la desventaja económica de las economías occidentales se origina en los retrasos del desarrollo y ejecución de proyectos, no solo en las materias primas.
Para abordar estos desafíos, el informe propone un plan de acción basado en siete estrategias clave. Este plan incluye la optimización del gasto en capital mediante el uso de diseños modulares y una burocracia más eficiente, la mejora de la productividad laboral a través de la automatización avanzada y la inteligencia artificial, así como asegurar un suministro energético limpio y abundante. Por último, se destaca la importancia de fomentar metodologías de diseño en paralelo para acortar los tiempos de comercialización.
El informe concluye que para equilibrar la inversión y mejorar la competitividad de Europa, es esencial fomentar la productividad, la innovación y la especialización, apoyándose en políticas que busquen igualar las condiciones del mercado.
