El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado su desacuerdo con la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de forzar a Renfe a abrir sus talleres a las empresas Iryo y Ouigo. Puente considera que esta medida de permitir que firmas extranjeras utilicen las infraestructuras industriales de Renfe es inaceptable. En una entrevista con Europa Press, el ministro expresó que, en lugar de beneficiarse del trabajo de Renfe, las compañías deberían desarrollar sus propias infraestructuras.
Puente indicó que Renfe se prepara para impugnar la resolución del regulador en los tribunales, defendiendo que las inversiones de Renfe están destinadas exclusivamente para su uso, no para facilitar los servicios de sus competidores extranjeros. El ministro tachó el proceso de liberalización ferroviaria de tramposo e irreal, destacando que las tres empresas públicas, incluidas Ouigo y Iryo, operan con pérdidas gracias al respaldo financiero de sus respectivos estados.
La liberalización ha convertido el mercado ferroviario en un escenario donde, en lugar de beneficios, existen pérdidas acumuladas para todas las empresas participantes
En el ámbito de los autobuses, Puente hizo eco de las recomendaciones de la CNMC para abrir a la competencia las rutas de más de 100 kilómetros. Sin embargo, aseguró que esto podría afectar negativamente a los servicios fundamentales que conectan las áreas rurales de España, poniendo en riesgo la accesibilidad y la regulación de precios que garantiza actualmente el sistema concesional.
Flixbus, la compañía alemana que aboga por esta liberalización y busca realizar cabotaje en España, fue acusada por Puente de intentar distorsionar el sistema existente. Esta práctica, que permitiría a Flixbus transportar pasajeros entre ciudades dentro de su ruta internacional, rompería el actual equilibrio gestionado mediante concesiones acordadas con el Estado.
En lo que respecta a los puertos, el ministro anunció que el Gobierno español trabaja con la Organización Marítima Internacional (OMI) para unificar los estándares medioambientales a nivel global. Según Puente, si todos los puertos del mundo compartieran las mismas normativas, se nivelaría el campo de juego para los países europeos y se mitigaría una ventaja competitiva que actualmente benefician a regiones fuera de la Unión Europea.
