Tras varios meses de insultos a los empresarios del sector, Podemos alumbra en su programa electoral la propuesta de crear una cadena de supermercados gestionada por el Estado
Es una propuesta recurrente por parte de la izquierda española, que ahora atañe a los supermercados. Cuando se produce una crisis de algún tipo, como es la actual subida de precios, su solución consiste en crear una empresa pública que proporcione precios más justos frente a la especulación del mercado.
Pasó cuando subieron los precios de la energía y pasa ahora, cuando los alimentos se encarecen. Podemos, sobre todo por boca de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, insisten en que lo que se necesita es una cadena de supermercados públicos.
En el programa electoral de la formación morada se habla de que "los grandes supermercados privados se hacen de oro mientras la cesta de la compra no para de subir". En su opinión, esto tiene que ver con la situación de "cuasi oligopolio", puesto que los tres primeros operadores acumulan el 40% de la cuota de mercado.
Se indica que una cadena pública podría "ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadores, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales".
Esto es todo lo que se dice en el programa, en el que se echan en falta más detalles de cómo se conseguiría bajar los precios y pagar mejor a los productores a la vez. Se entiende que dicha empresa pública podría hacerlo porque no necesita tener beneficios, por lo que podría ajustar los márgenes en un sector en el que los márgenes ya de por sí son bajos. Para tener una idea, Mercadona, el líder en cuota, consigue 2,5 céntimos de beneficio por cada euro que vende.
Otro asunto a comentar es el del supuesto oligopolio. De hecho, España es uno de los mercados en los que más competencia existen, con la salvedad de que, en efecto, Mercadona acumula una cuarta parte de todas las ventas. No obstante, si bien es cierto que los tres principales operadores alcanzan el 40% en ventas en España, en mercados como el francés ese porcentaje asciende al 57,8%.
Además, cabe añadir que en España existe una elevada variedad de alternativas y de cadenas más pequeñas que proporcionan un elevado grado de competencia. Así, hay provincias en las que Mercadona ni siquiera ostenta esa primera plaza, relegada por cadenas regionales.
También se puede calibrar el coste que tendría para el Estado levantar desde cero una cadena que realmente pudiera "mirar de tú a tú al oligopolio alimentario", como dice Belarra. Pongamos que la aspiración es tan solo igualar a la tercera mayor empresa de ese podio, Lidl. Las cifras son las siguientes: una plantilla de 17.500 personas, 650 tiendas y 11 plataformas logísticas.
¿Qué dicen en el sector?
Como se ha dicho en este texto, se trata de una propuesta que no es nueva. Ya la puso sobre la mesa en septiembre José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía. Además, tanto el nombre como las motivaciones tienen bastante parecido con la iniciativa que se produjo en Venezuela. "Precios Justos" es el nombre que propone Podemos. "Tu precio justo" era el lema de Abasto Centenario, la cadena que acabó quebrando en 2019.
Desde hace meses, Podemos y sus portavoces han insistido en demonizar a los empresarios del sector, con calificativos como "capitalistas despiadados", "desalmados" o incluso han llamado "capo" a Juan Roig, el presidente de Mercadona.
Aparte de lamentar este maltrato, el sector razona sobre si tendría sentido crear un supermercado público. Una de las asociaciones más representativas, Aecoc, cree que esta idea "no aportaría nada". El director general de la asociación, José María Bonmatí, explicó hace unos días que "es un sector con mucha competencia", por lo que esta propuesta "está fuera de la realidad".
Desde la Asociación Española del Retail, su presidente, Laureano Turienzo, se pregunta si la ministra Belarra "sabe el caos indirecto" que causó la implantación de esa medida en Venezuela. Por su parte, Alfonso Sebastián, cofundador y vicepresidente, añade que es un "sinsentido", puesto que en España no existe el oligopolio del que habla la ministra.
El especialista José Antonio Latre Ballarín añade que, por más que se quiera simplificar la razón de que hayan subido los precios, existe una problemática mucho más amplia. "El macro sector de gran consumo está formado por decenas de miles de empresas y por lo tanto es tremendamente competitivo en precios, es muy difícil que ningún operador adquiera una posición dominante que le permita controlar los precios de mercado", escribe en LinkedIn. Esas son, a su juicio, las razones de que, a pesar de que existen empresas públicas en otros sectores, no las hay en la distribución alimentaria.
