La Xunta de Galicia ha iniciado más de cincuenta expedientes sancionadores contra industrias lácteas desde 2023, según informó Juan José Cerviño, director general de la PAC y Control de la Cadena Alimentaria, en la Comisión de Agricultura. Cerviño defendió los controles realizados por el Gobierno gallego ante las críticas del Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Adriana Fernández, diputada del BNG, denunció que más de 1.500 granjas lácteas han cerrado en Galicia en los últimos cuatro años, 314 de ellas solo en el último año. Fernández atribuye estos cierres a presiones de las industrias que han recortado entre ocho y diez céntimos por litro en los nuevos contratos. Además, acusó a la Xunta de no actuar frente al problema, mientras entra leche de Francia y Portugal a precios más bajos.
En respuesta, Cerviño aseguró que el cierre de 314 explotaciones "no es la realidad", afirmando que han surgido 70 nuevas explotaciones en segmentos más grandes. Según él, las pequeñas explotaciones desaparecen debido a una "juntanza" con otras mayores.
El director general reconoció una "exagerada reducción" de precios lácteos en Galicia en un corto periodo, afirmando que el recorte es "contundentemente más lesivo" que en el resto de Europa.
Cerviño señaló que mientras en Galicia los precios se redujeron hasta 10 céntimos por litro en un mes, en Italia la disminución fue de 9 céntimos en cuatro meses. Además, criticó a la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) por su falta de consistencia en las decisiones. En paralelo, la Xunta ha exigido al Gobierno central la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para establecer un sistema de cálculo estandarizado de costes de producción en los contratos lácteos y fomentar la integración de los productores en organizaciones para mejorar su poder negociador.
