La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha calculado que España necesitará invertir un total de 407.341 millones de euros en infraestructuras durante los próximos diez años. Este monto incluye tanto el mantenimiento como la construcción y adaptación de nuevas instalaciones. Solo para el mantenimiento de infraestructuras existentes, Seopan estima una inversión de 127.341 millones de euros en la próxima década, lo que equivale a cerca de 12.700 millones de euros anuales.
En el desglose por tipos de infraestructuras, el mantenimiento de carreteras requerirá 58.369 millones de euros, el ferroviario 20.280 millones y el de infraestructuras hidráulicas 48.692 millones. No obstante, además del mantenimiento, el país deberá afrontar la construcción de nuevas infraestructuras, lo que conllevaría un desembolso adicional de 280.000 millones de euros.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha hecho un llamamiento a superar la infrafinanciación actual y apostar decisivamente por la inversión y la colaboración público-privada.
En una rueda de prensa, Núñez destacó que España invertirá en 2024 solo el 52% de lo que se destinaba a infraestructuras en 2009. Además, áreas vitales como el transporte y el abastecimiento de agua han reducido su participación en el gasto público del 3,9% en 2008 al 1,7% en 2024. Ante esta situación, Seopan propone un cambio de modelo basado en mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación.
Una de las propuestas más destacadas es la implementación de un sistema de tarificación viaria. Según Seopan, este modelo permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década con un coste de 111 euros anuales por usuario. Dichos fondos se destinarían a conservar la red viaria, facilitar la transición ecológica y promover la digitalización, al tiempo que aportaría ingresos adicionales por el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) en 2.680 municipios.
En otro orden de ideas, Núñez alertó sobre las previsiones inflacionarias del 3,2% al 3,6% para 2026, exacerbadas por el conflicto en Oriente Medio. Para mitigar sus efectos, propuso recuperar mecanismos de revisión de precios ya contemplados en el Real Decreto-ley 3/2022, eliminando límites actuales y actualizando los conceptos revisables relacionados con energía y mano de obra.
Concluyendo su intervención, Núñez instó a modernizar la regulación y práctica de la contratación pública. Abogó por una adaptación técnica concreta de la Ley de Contratos para resolver problemas prácticos, asegurar el cumplimiento de plazos y evitar la aplicación de la normativa de desindexación en contratos públicos, fomentando así una colaboración público-privada más efectiva.
