Las conversaciones se dan en idiomas diferentes, con argumentos diferentes y sobre ciudades lejanas entre sí, pero todas ellas apuntan a lo mismo: hay sectores sociales, sobre todo los jóvenes, que afrontan grandes dificultades para encontrar una vivienda, ya sea de alquiler o para comprar.
Esta realidad se puso de manifiesto en la última Semana de la Sociedad Civil, impulsada por el Comité Económico y Social Europeo. Capital asistió a este evento y comprobó cómo el sentir general no difiere tanto de lo que se ve en España. Los interrogantes están sobre la mesa: ¿escasez de oferta? ¿Hay que construir más vivienda pública? ¿Se necesita topar los precios? ¿Hay que dejar que sea el mercado el que resuelva este problema por sí solo?
En uno de los debates, los ponentes trataron de dar solución a un problema que recorre Europa y que, desde cada país se está abordando de una forma diferente. Sí que es cierto que el presidente del CESE, Séamus Boland, se ha puesto entre ceja y ceja aportar soluciones. Entre ellas, su éxito consiste en que la sociedad civil sea escuchada, aunque eso no sea suficiente para encontrar una receta efectiva.
El polaco Krystof Balon, miembro del CESE, expuso la realidad que se vive en su país y también en el nuestro: "La gente está teniendo que firmar hipotecas de 30 años para afrontar la compra de una casa". En su opinión, se trata de "un problema de salarios". Asimismo, reclama que el empleo requiere una mayor estabilidad y, para ello, también hay que apostar por sectores económicos que proporcionen trabajo de calidad.
Asimismo, señaló la especulación como causa. En esa línea, Balon defiende que la legislación contra las plataformas de alquiler vacacional tiene que ser más estricta. Otra solución puede estar en la construcción de vivienda pública, dijo. No obstante, admite que es necesario tomar otras medidas ya que, por sí sola, la vivienda pública puede tardar muchos años y no va a resolver la crisis por sí sola.
Emiliano Rocchetti, portavoz de la Unión Internacional de Inquilinos, se mostró satisfecho de que la vivienda se haya convertido en una prioridad europea desde hace un par de años. Para él, existe el obstáculo de que a quienes representa están "en una posición muy débil". Así, ve que hay un "desequilibrio de poder" que aprovechan los caseros en su beneficio.
También hizo un análisis somero sobre la situación. "Nuestra generación vemos que toda la gente joven no puede acceder a comprar una vivienda, la única opción para muchos es alquilar un apartamento", comenzó diciendo: "Eso significa que no tienen una gran protección para los inquilinos", se quejó.
Como alternativa, Rocchetti lanzó la propuesta de que se establezcan por defecto "contratos de largo recorrido que den más certezas para planear la vida". Por último, lamentó que, "aunque hay ideas interesantes, no nos estamos acercando a la solución".
Gabriele Bischoff, vicepresidenta del grupo Progresista en el Parlamento Europeo, coincidió con el representante polaco del CESE: "Todo se hace más caro, pero los salarios no van en esa misma línea". Para resumir lo dicho por el resto de ponentes, Bischoff expresó que existen muchas causas que están empujando los incrementos de precios.
Por otro lado, la eurodiputada socialista reconoció la incapacidad de Europa para afrontar la crisis: "No tenemos competencias sobre vivienda, pero la crisis acelera y el debate hay que considerarlo". En esa línea, explicó que en el Parlamento Europeo se ha dado inicio a un Comité de Vivienda, del que ella misma forma parte, y que está tratando de analizar alternativas.
Bischoff cree que hay otras vías que no se están explotando todo lo posible y que están dentro de esas diferentes actuaciones necesarias para resolver la crisis. "¿Qué hay de las viviendas vacías? ¿Qué hacemos con las casas que pueden renovarse?", preguntó. Esa es una posibilidad, dijo, pero lamenta que no hay tiempo para discutir soluciones durante años. De tal modo, animó a que los estados vayan poniendo en marcha las propuestas.
Anna Iafisco, portavoz de la plataforma Eurocities, puso el punto sobre la i: "Es una amenaza para la competitividad". En su concepción del contexto, la cuestión de la vivienda afecta a trabajadores esenciales, que se sitúan también en las capas salariales más bajas.
Como portavoz de una asociación que representa a las ciudades, Iafisco explicó que, si bien las ciudades son la punta de lanza en esta crisis, "tienen una capacidad financiera limitada para invertir en vivienda".
Por tanto, el margen de maniobra se concentra en la normativa. Puso como ejemplos a Florencia y Barcelona, que están intentando limitar los alquileres de temporada, de forma que la vivienda se dedique mayoritariamente al alquiler estable.
Por otro lado y teniendo en cuenta la divergencia que existe en el Viejo Continente, Iafisco apunta que hace falta "un marco coherente en Europa". Y sobre todo, tener presente que el objetivo es "que los residentes de las ciudades puedan tener unas vidas dignas".
Hubo también dos participantes españoles en la sesión, quienes añadieron algunos matices a la discusión. Antoni Abat, de la Universidad Autónoma de Barcelona, habló del carácter constitucional que tiene el derecho a la vivienda, ya que se encuentra en el artículo 47. Para el académico, dicho derecho "es uno de los valores fundacionales de la Unión Europea".
En su opinión, se da una especulación que está eliminando la oferta de vivienda. "Hay muchas viviendas vacías, además de que los propietarios están sacando sus viviendas del mercado", señaló Abat. Por otro lado, lanzó un par de preguntas a los presentes sobre la criminalización que, en su opinión, se hace de los okupas. "¿Cuántos de aquí conocen a alguien cuya casa haya sido okupada? ¿Y cuánta gente de aquí conoce a alguien que tenga una vivienda y está especulando con ella?".
También estuvo presente el eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez. Su análisis es que "los precios son tan altos porque hay una gran falta de oferta". De tal modo, la prioridad desde su perspectiva es poner más casas en el mercado.
Además, aprovechó para criticar las medidas del Gobierno en clave nacional. Por ello, al contrario que Abat, considera que se han puesto en marcha medidas "intervencionistas", como ampliar el concepto de vulnerabilidad e incapacidad para evitar desahucios. Esto, desde su visión, "no ayuda a encontrar una solución" y, además, "los dueños de los pisos de alquiler los quitan del mercado".
Y quienes los mantienen, dice, eligen al inquilino que tenga una mayor capacidad económica: "El que tenga más capacidad de pagar" y, por tanto, menos posibilidades de que entre en un proceso desahucio.
Como se dijo en el debate, la cuestión ya no es explorar cuáles son las causas de esta problemática, sino atajarla. Eso sí, dicho análisis significa que, en función de las causas que se identifiquen, las soluciones son unas u otras. Pero tal y como lo ven algunos de los portavoces, el riesgo de no tomar decisiones ya es muy alto, tanto por el coste social como el económico, que empieza a suponer un límite a la productividad.
