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déficit

Ramón Palacín (EY Abogados): "Ojalá tuviéramos más campeones nacionales"

La abogacía sobresale entre los sectores que mejor han resistido la crisis sanitaria y económica. Gracias, especialmente, a servicios como los relacionados con los diferentes conflictos de carácter tributario. Ramón Palacín, socio director de EY Abogados, analiza con Capital la actualidad del sector, la reforma fiscal en ciernes y las claves que podrían conseguir dos objetivos que deben ir siempre en un mismo sentido: crecimiento económico y aumento de la recaudación. En su opinión, ¿la reforma tributaria que prepara el Gobierno -por lo menos, lo que vamos conociendo- va en la línea correcta? Tengo mis dudas, los primeros pasos no son especialmente esperanzadores. La reflexión acerca del sistema fiscal en Epaña debe ser de conjunto, pero aprecio un exceso de dogmatismo, y, por tanto, de anticipación de las conclusiones, ante el trabajo del grupo de expertos constituido por el Ministerio de Hacienda. Existe un déficit de recaudación respecto al PIB, especialmente si nos comparamos con Francia o con Alemania. Y debemos compararnos con estas economías porque nuestro modelo de estado del bienestar es similar, a diferencia de otros, como el anglosajón, en el que el peso de los ingresos fiscales respecto del PIB es mucho menor. Ahora bien, cuando concluimos que la brecha fis[1]cal procede del déficit de contribución de las empresas y de las personas con mayores niveles de renta, estamos prejuzgando una conclusión que debería alcanzarse en el seno del comité de expertos. Yo creo que es posible que en esa reflexión inicial sobre ideología y falte técnica tributaria. ¿Qué cree que falla en el sistema fiscal?  Si analizamos el IVA, vemos que es el impuesto en el que tenemos más millones de euros de déficit de recauda[1]ción respecto a países como Francia. Tenemos muchos productos y servicios a tipo reducido que, en otros países, están a tipo…
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El déficit estructural de las comunidades se duplica en 2020 y alcanza el 1% del PIB

Según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el déficit estructural de las Comunidades Autónomas en 2020 fue de 1% del PIB, lo que se traduce en un empeoramiento de medio punto con respecto al valor de 2019. El saldo presupuestario mejora y registra el mejor cierre en 15 años, aunque "distorsionado" por las transferencias del Estado. "Esto demuestra que las regiones en su conjunto no están saneadas en términos estructurales", se señala en el estudio titulado 'El saldo estructural de las CC.AA. 2018-2020', elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín. Sin embargo, esta situación es muy heterogénea entre las diferentes regiones. Por un lado, la situación estaría saneada (superávit estructural) en Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra, mientras que en el lado más preocupante, estarían la Comunidad Valenciana y Murcia, con un déficit estructural del 2% y el 1,8% del PIB, respectivamente. Aunque a corto plazo resulta vital atender a las urgencias económicas, sociales y sanitarias provocadas por la pandemia, desde Fedea creen que es un "buen momento" para diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas a partir de 2022, cuando "se va a complicar notablemente la situación presupuestaria por el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2020". El saldo presupuestario mejora, distorsionado por las transferencias Por su parte, las comunidades autónomas cerraron el año 2020 con un déficit presupuestario del 0,2% del PIB, lo que supone una mejora de cuatro décimas con respecto a 2019 y el mejor cierre en los últimos 15 años. No obstante, en el informe se aclara que este saldo en Contabilidad Nacional está "distorsionado" por las mayores transferencias recibidas por parte de la Administración Central a través del Fondo Covid-19, unos 15.950…
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El Gobierno compensa a Abertis con 1.291 millones por la reversión de la AP-7

Según los cálculos del Gobierno, la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo agosto eliminará sus peajes y empezará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las arcas públicas de 2021. Se trata del importe correspondiente a la compensación que el Estado tendrá que abonar a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia, según consta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que Abertis reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19. No obstante, el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, que todavía está pendiente de una resolución por parte del Tribunal Supremo, que se mostró en 2017 favorable a este pago, pero que el entonces Ministerio de Fomento recurrió. Este contencioso entre Abetis y el Estado tiene su origen en un acuerdo de 2006 por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora en la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes y el Estado a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles. No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e…
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España tendrá un "agujero" de 100.000 millones de déficit este año, según el Gobierno

El Gobierno eleva la previsión de déficit para 2021 hasta el 8,4% del PIB, lo que supone un incremento de siete décimas respecto a la previsión (7,7%) contemplada en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Este pronóstico implica que España registrará un "agujero" presupuestario de 100.000 millones este año. Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, antes de que el Ejecutivo remita a Bruselas este viernes el Programa de Estabilidad con el nuevo escenario fiscal y la actualización del cuadro macroeconómico, así como el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026. La ministra ha defendido que la senda actualizada este viernes es "coherente" con el cuadro macroeconómico ya presentado sobre la previsión del PIB, el desempleo y ocupación para los próximos años, y esta cifra no incorpora el impacto de las reformas pendientes, con lo que se ha hecho bajo un "escenario inercial". En concreto, la última actualización del cuadro contempla un crecimiento del PIB del 6,5% para este año, por debajo de casi el 10% previsto inicialmente, debido al "fuerte impacto" a la tercera ola. El déficit público cerró el año 2020 en el 10,09% del PIB sin incluir las pérdidas de Sareb (con ellas se elevó al 10,97%), por debajo del 11,3% previsto inicialmente por el Ejecutivo. De cara a 2022, el déficit se situará en el 5%; en el 4% en 2023 y en el 3,2% en el año 2024. Aunque la ministra ha asegurado que hay datos que invitan al "optimismo" ante la crisis, también ha defendido que se mantengan los estímulos económicos "el tiempo que sea necesario", ya que podría suponer…
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La Administración Pública debe 83.356 millones de euros al sector privado, un 13% más

María Jesús Montero, ministra de Hacienda Equipo Económico prevé que el déficit público se situará en el 8,8% del PIB en 2021 y en el 7,9% en 2022 La deuda comercial de las Administraciones Públicas con el sector privado alcanzó al cierre de 2020 un total de 83.356 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, según el informe 'La necesidad de agilizar los pagos del sector público a los proveedores' publicado este miércoles por Equipo Económico. Si bien en los últimos años se ha observado un esfuerzo por parte del sector público para la reducción de las obligaciones pendientes de pago, los datos correspondientes a 2020 presentan un claro repunte de la deuda comercial de las administraciones acercándose a niveles de 2011, cuando el porcentaje de esta deuda sobre el PIB marcó su máximo en el 8,6%, con un importe de 91.313 millones. Según su distribución entre los distintos niveles administrativos, a cierre de 2020 la Administración Central acumulaba la mayor parte de esta deuda, el 52,1%; seguida de las corporaciones locales, que acaparaban el 22,8%, a pesar de ser los niveles de la administración que presentan unas cuentas públicas más saneadas. Por su parte, la Administración de la Seguridad Social, con unas crecientes necesidades de financiación, era responsables del 12,6% del montante de deuda; mientras que las comunidades autónomas aglutinaban el 12,3% restante. Aumento de las necesidades de financiación del sector público Entre las causas que contribuyen a la acumulación de deuda comercial se encuentra el aumento de las necesidades de financiación del sector público. Según se explica en el informe, en 2020 la paralización de la actividad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un…
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Bruselas aboga por mantener suspendidas las reglas sobre déficit y deuda en 2022

La Comisión Europea augura que las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites al déficit y la deuda públicos de los países, seguirán suspendidas también en 2022 para que los gobiernos puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías y compensen el impacto de la pandemia. La decisión todavía no es firme y se tomará seguramente en junio, cuando existan más certezas sobre la evolución prevista de la economía, pero todo apunta a que la Unión Europea se prepara para mantener activada la "cláusula general de escape" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, activada en marzo de 2020 para congelar las sendas de consolidación fiscal en los Estados miembros. Así lo prevé el documento de "orientaciones" presupuestaria que ha presentado este miércoles el Ejecutivo comunitario para abrir el debate al respecto. Bruselas considera, en concreto, que el criterio clave para activar de nuevo dicha cláusula es que la economía del bloque recupere su nivel previo a la pandemia. Esto supone, básicamente, que la economía remonte hasta alcanzar el PIB que tenía a finales de 2019, algo que no está previsto al menos hasta que acabe 2022. "En consecuencia, las actuales indicaciones preliminares apuntarían a seguir aplicando la cláusula de escape general en 2022 y a desactivar a partir de 2023", subraya el texto.
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El déficit público sube al 7,14% del PIB hasta octubre

La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, a 78.952 millones de euros hasta octubre, lo que equivale al 7,14% del PIB, frente al 1,35% de hace un año, por lo que se quintuplica respecto al año pasado. Mientras, el déficit del Estado se ha situado en el 6,54% hasta noviembre, frente al 0,88% del PIB de hace un año, con 72.322 millones de euros, casi siete veces mayor. Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra del déficit del Estado desciende hasta el 4,7% del PIB. Esta evolución obedece, por un lado, al descenso del 12,8% de los ingresos, hasta los 162.312 millones, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y a un aumento de los gastos del 19,1%, hasta los 234.634 millones, correspondiendo casi el 90% del incremento a gastos relacionados con la pandemia, como el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas. Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta octubre un superávit de 1.084 millones, lo que supone el 0,10% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades…
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AIReF prevé un déficit de las CCAA del 0,8% en 2021

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que las comunidades autónomas registren un déficit del 0,6% del PIB este año y del 0,8% del PIB en 2021, por debajo de la tasa de referencia del 1,1% fijada por el Gobierno, si bien alerta del riesgo de que el desajuste sea mayor desde 2022 ya que la financiación autonómica arrojará una liquidación negativa ese ejercicio. Además, estima que las entidades locales registrarán equilibrio este año y una décima de desajuste el próximo ejercicio. Así se desprende del informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de 2021 de las CCAA, en el que alerta de los posibles desajustes que se pueden producir en el saldo presupuestario de las regiones a partir de 2020 por el impacto de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación Autonómico, el menor importe de fondos vinculados al Plan de Recuperación y la ausencia de transferencia extraordinarias del Estado. Además, desde AIReF avisan que esta situación se podría agravar con la consolidación de una parte importante del gasto incurrido en 2020 y 2021. En cualquier caso, la estimación de déficit de la AIReF para 2021 es más positiva que la previsión del Plan Presupuestario, que sitúa la tasa de referencia del déficit autonómico en el 1,1%. Según el organismo, esta diferencia se debe fundamentalmente a los supuestos sobre el grado de consolidación del gasto asociado a la crisis sanitaria, ya que consideran que, atendiendo a su naturaleza temporal y a la evolución de la pandemia prevista en su escenario central, parte de estos gastos no se replicaría en 2021. Por CC.AA. Con una previsión de un déficit del subsector del 0,6% este año, augura que cinco comunidades registrarán un desajuste mayor a la media del subsector: Navarra (déficit del 2,4%), País Vasco (.2%), Comunidad Valenciana (-1,6%),…
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