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La cuestionable rentrée del Estado en las empresas privadas

“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).  La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.  Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.  Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.  En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…
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Fedea ve complicado cumplir el déficit del 3% y califica de "multas" los impuestos a banca y energéticas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que, en un contexto de reactivación de reglas fiscales y el previsible incremento del gasto neto por las medidas anticrisis, se puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% este año y ha calificado de "llamativa" la decisión del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes a la banca y las energéticas, lo que convierte a estos impuestos en "multas ad hoc" para estos sectores. "Su conversión en exacciones permanentes, con independencia del nivel de beneficios, supone admitir que estamos en realidad ante multas ad hoc a determinados sectores, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos", ha alertado Fedea en su último boletín de análisis de la situación económica. En materia de política económica, Fedea ha recordado que el Gobierno ha optado por una retirada gradual de las medidas tomadas para ayudar a los hogares a hacer frente a la fuerte subida de los precios de los productos y servicios básicos. En particular, se ha promulgado a finales de 2023 un Real decreto-ley que prorroga al menos durante un año las bonificaciones de precios del transporte público colectivo. El grueso de las medidas de alivio tributario a los precios de la energía y los alimentos básicos, por su parte, se irán retirando gradualmente, extendiéndose en principio sólo a la primera parte de 2024 en muchos casos. Para Fedea, muchas de estas medidas son "cuestionables". En concreto, ha señalado que las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el necesario ahorro energético, mientras que las ayudas que se aplican de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, generan un elevado…
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El Gobierno aprueba subir de forma adicional un 0,5% el sueldo de los funcionarios

El Gobierno ha aprobado este martes el incremento adicional del salario de los funcionarios del 0,5%, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y ha recogido Europa Press. La subida beneficiará a más de 3 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas y tendrá un coste agregado de 818 millones de euros. Así, los salarios de más de tres millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5% adicional desde 2023, debido a que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado año alcanzó el 2,5%, superando las estimaciones del Gobierno en una décima. Esta subida ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras el acuerdo firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en octubre de 2022 fijaba una subida salarial para los funcionarios en 2023 del 2,5%, que incluía dos incrementos adicionales del 0,5% cada uno, ligados a la inflación y al crecimiento económico. Ya el pasado mes de octubre se aprobó otra subida del 0,5% adicional del salario de todos los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, porque el IPCA de 2022 y 2023 --hasta septiembre-- superó el 6%. Ahora, se ha aprobado la segunda subida adicional del 0,5% ligada a la evolución del crecimiento económico, tras la certificación formal del INE. Una vez aprobado, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022. "La economía va bien y, por tanto, acompañamos los salarios de nuestros empleados públicos en esta coyuntura económica", ha destacado Montero. Incremento salarial fijo del 2% en 2024 Para este año, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2% sobre la base…
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La ampliación de Barajas anunciada por el Gobierno aumentará en un 28% el número de pasajeros 

El presidente del Gobierno cita la ampliación de Barajas como "la mayor inversión" aeroportuaria de la década, con 2.400 millones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en el acto ‘Sostenibilidad social: diseñar hoy el turismo de mañana’, en el stand de Turespaña de la feria turística Fitur, que la inversión para la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas alcanzará los 2.400 millones de euros.  Así, ha destacado la importancia del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que constituye la "mayor inversión en la última década" en infraestructuras aeroportuarias con 2.400 millones de euros destinados al proyecto. Sánchez ha destacado durante su visita a Fitur 2024 que el valor de esta iniciativa "trasciende" las fronteras españolas y permitirá un "fuerte crecimiento" en capacidad y rutas en este aeropuerto, así como la creación de miles de empleos directos e indirectos, lo que se traduce en "generación de riqueza". El presidente del Gobierno ha puesto en valor que Barajas genera, hoy en día, "nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid", una cifra que "va a crecer significativamente" cuando la obra esté terminada. Además, ha subrayado que se va a fortalecer el liderazgo de este hub con América Latina y se va a desarrollar la "ambición" de que sea también un hub de conexión con Asia, atrayendo nuevas rutas y aerolíneas que operen a este continente. Con todo ello, ha asegurado que esta ampliación permitirá alcanzar los 90 millones de pasajeros para 2031, según la previsión, un 28% más. "Creo que es un aeropuerto que va a ser una seña de identidad de España en los próximos años", ha apuntado, añadiendo que "será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa". Las reacciones políticas a la ampliación de Barajas Al respecto, el…
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Reducción de jornada: Garamendi pone condiciones mientras Díaz amenaza con legislar sin la patronal

Garamendi critica que se hable de diálogo social cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión sobre la reducción de jornada El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no rechaza hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque puntualiza que esta se debe hacer "sector a sector" y en "cada mesa de negociación, como se ha hecho siempre". "Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", indicó este lunes Garamendi durante su participación en el foro de 'Innovación Turística-Hotusa Explora'. Al ser preguntado por la posición de la CEOE, el presidente de la patronal afirmó que esta mesa de negociación "ya tiene marcado el final y el resultado", por lo que "no se puede hablar de diálogo social" cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a "un hito político". Así se refería Garamendi a las declaraciones de unas horas antes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero ha asegurado que lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. Garamendi ha señalado que el tema se tratará "cuando convoquen" a la patronal y ha insistido en que, según la Encuesta de Población Activa, de media se trabajan 39 horas y media, mientras que la real es 34 horas y media, por lo que ha reiterado que la reducción hay que tratarla "por sectores". Nuevas tensiones de Díaz con las empresas…
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El gobierno sigue sin evaluar los efectos del SMI 

“Si descontáramos la inflación, el salario mínimo de 2023 de 1.080 euros mensuales sería equivalente a 927 euros con poder adquisitivo de 2020”  Patronal, sindicatos y Gobierno han mostrado su acuerdo en que hay que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, pero han discrepado respecto a la magnitud de la subida. Mientras que la CEOE ha aceptado subidas del 3%, los sindicatos han reclamado incrementos del 10%. Pero, como digo, todos han abrazado ya la aceptabilidad de la subida.  Tal cambio de expectativas, sobre todo entre la patronal, se nos ha vendido como un éxito del gobierno PSOE-Sumar (o PSOE-Podemos): que, al haberse normalizado las subidas del SMI, incluso la patronal entra en las negociaciones proponiendo subidas a las que se negaba en épocas anteriores. Y puede que en parte haya sido así, pero tampoco deberíamos desdeñar dos circunstancias que necesariamente alteran la actitud de la CEOE respecto al SMI.   En primer lugar, la propia posición del Gobierno, dogmáticamente decidido a subir el SMI sí o sí al margen de lo que reclame la patronal. Si por mucho que la CEOE recomiende no subir el SMI, el Ejecutivo va a terminar haciéndolo, puede que lo prudente en la negociación sea entrar con una cifra que, en este caso en aras del consenso entre los agentes sociales, el gobierno se plantee aceptar (o modificar ligeramente al alza). Dicho de otro modo, la patronal no opta por el camino que considera preferible, sino por el menos malo de los factibles. Se trata de minimizar los destrozos.  En segundo lugar, durante los últimos años, la economía española ha experimentado una muy notable inflación que, de hecho, ha contribuido a reducir el salario mínimo en términos reales. Mientras que en 2020 el salario mínimo era de 950 euros mensuales (en catorce pagas), hoy…
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El Gobierno eleva el 'techo de gasto' a un récord de 199.120 millones en 2024 y mantiene el déficit en...

Junto al techo de gasto, el Gobierno aprueba los objetivos de estabilidad presupuestaria que se marcan para los años 2024, 2025 y 2026, un plan de reequilibrio que se acompañará al dossier que se entrega en el Congreso de los Diputados El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de 2024, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad presupuestaria, dando el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. El 'techo de gasto' del Presupuesto del Estado para 2024 se eleva a la cifra récord de 199.120 millones de euros, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Este paso es el punto de partida para la aprobación de las primeras cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas. "Este Gobierno se guiará, como el anterior, por el rigor en las cuentas públicas y la prudencia a la hora de presupuestar por el compromiso con la consolidación fiscal", ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2024, que por cuarto año consecutivo se sitúa en máximos. Según la titular de Hacienda, se trata de un límite de gasto "realista" y "prudente", que cuenta con margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas aprobadas para combatir el alza de los precios "si fuera necesario". "Una decisión que adoptaremos antes de que…
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Una legislatura con presión fiscal récord 

“El Gobierno refuerza su modelo tributario extractivo y retoma la batalla contra los grandes capitales y las empresas, pero también contra las comunidades y los ayuntamientos”  Con la renovación de ministros y ministras del Gobierno, la legislatura comienza como terminó la anterior: con déficit récord, deuda disparada y en fase creciente, expectativas prácticamente nulas de ajuste de gasto público y nuevas subidas de impuestos. Al menos, 14 nuevos cambios tributarios al alza, que no serán los últimos.  Cualquier atisbo de políticas liberales quedará reducido a las decisiones de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales), con sus restricciones estatales y sus limitaciones por los pactos políticos. Por cierto, según los últimos datos disponibles, los ejecutivos regionales ya registran superávit presupuestario, a diferencia del Estado central.  En esencia, en los próximos cuatro años, y si nada lo cambia, viviremos una nueva versión de la batalla del Estado contra el sector privado, contra los llamados ‘ricos’ y contra las grandes empresas. Este ‘tira y afloja’ provocará, con total seguridad, nuevos movimientos de sedes fiscales de multinacionales y deslocalizaciones de empresas y grandes capitales hacia territorios más ‘benignos’ con la inversión y el dinero del contribuyente. Lo estamos viviendo todos los días mientras la Administración central rentabiliza, euro a euro, todas sus subidas tributarias.  De momento, entre enero y septiembre del presente ejercicio, el denominado como ‘impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas’ ha logrado recaudar 620 millones de euros, mientras que el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades aporta 578 millones ‘extra’. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT), además, el ‘impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables’ ingresa otros 450 millones. Todos ellos se han aplicado en los últimos dos años.  El Ejecutivo ha prometido a Bruselas en su proyecto…
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¿Qué esperar de la política económica del nuevo Gobierno?

Tanto los ministros entrantes del Gobierno como los que continúan marcan sus objetivos de cara a la legislatura que acaba de arrancar Al hacer sus nombramientos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que su Ejecutivo tendría un fuerte perfil político. No obstante, hay que destacar que la Economía se impone como el eje del Consejo de Ministros, puesto que las cuatro vicepresidencias tienen como eje la materia: Asuntos Económicos, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda. En ese sentido, también se puede decir que la voluntad a priori es la de continuar con la senda marcada hasta ahora. Con algunos cambios en las competencias de cada Ministerio, los responsables de cada cartera esbozaron en sus discursos de este martes qué objetivos persiguen en esta nueva etapa. Calviño, atracción de inversiones Si bien es cierto que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, podría dejar su puesto en apenas unas semanas, ya ha efectuado una declaración de intenciones desde el principio. Su ministerio integra el Comercio, lo que en opinión de la vicepresidenta: "Va a permitir articular mejor la política de atracción de inversiones estratégicas". Calviño considera que es "el momento" de reunificar Economía y Comercio no solo porque el sector exterior es una de las claves de la marcha de la economía, incluso en un contexto internacional tan complejo, sino porque se vive un tiempo de gran cambio en el ámbito internacional y es fundamental articular estas dos patas de política económica de la misma manera que hace cinco años y medio era fundamental articular la economía y la política de transformación digital. Saiz y la hucha de las pensiones La nueva ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha comprometido a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas, a incrementar la…
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Todos los cambios en el Gobierno de Sánchez: quiénes son los nuevos ministros

Cambios en las carteras y en los ministros: Escrivá asume Transformación Digital y Calviño repite como ministra de Economía y vicepresidenta El recién investido presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dado a conocer los nombres de sus ministros. Hay algunos cambios importantes, en tanto que algunos ministros cambian de cartera y algunos otros desaparecen del mapa. También es importante señalar que esta configuración puede cambiar en poco tiempo, dado que la actual vicepresidenta, Nadia Calviño, vuelve a asumir la cartera de Economía, a pesar de que es una de las principales candidatas a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Será el 8 de diciembre cuando se produzca la votación. Se disputa ser la sucesora de Werner Hoyer al frente del BEI con la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager. Junto a ellas se mantienen en la carrera la polaca Teresa Czerwinska, el italiano Daniele Franco y el sueco Thomas Östro. Por lo pronto, Calviño pierde el área de Transformación Digital, que pilotará el hasta ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuyo Ministerio también incluía Inclusión y Migraciones. De ese modo, se han producido varios cambios de calado en la estructura de los ministerios y en sus competencias. Las responsabilidades de Escrivá como ministro de Seguridad Social corresponderán ahora a Elma Saiz, quien ha ejercido como consejera de Economía y Hacienda en el gobierno autonómico de Navarra. En su currículum también se encuentra un periplo como Delegada del Gobierno en Navarra entre 2008 y 2012. En cuanto a Trabajo, Yolanda Díaz repite como ministra y, además, vicepresidenta, como en el anterior Ejecutivo. En esta legislatura, afrontará la oposición de la patronal desde el principio, debido al pacto que firmó su partido, Sumar, con el PSOE para reducir la…
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