sábado 24 • septiembre 2022

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Colombia y los problemas con las obras públicas en Iberoamérica

Colombia vuelve a estar en la mira de las empresas españolas ante la paralización del Canal del Dique por el cambio de gobierno

Gustavo Petro juraba este lunes su nuevo cargo como presidente de Colombia mediante una imagen poco usual: el nuevo líder del país tomaba posesión de su cargo haciendo que trajeran la espada de Bolívar a la ceremonia. Mientras los jefes de estado de América Latina se levantaban mostrando sus respetos a este poco habitual protocolo, Felipe VI, rey de España, permanecía impasible en su asiento.

Esta anécdota sería irrelevante a pesar de la crispación generada de no ser porque el nuevo líder del país ya ha dejado entrever cómo será su gestión para con las instituciones colombianas y extranjeras.

Petro ha prometido combatir a los ricos mediante mayores tributos, aunque ha moderado su discurso en comparación con el radicalismo que había mostrado con anterioridad. Sin embargo, estos gestos de autoridad dejan intranquilas a muchas instituciones con intereses en un país, cuyo malestar social y división ciudadana puede palparse a pie de calle.

Entre estas se encuentran algunas compañías españolas con capital invertido en el país americano. Es el caso de Sacyr, que ha visto como en pocos días le adjudicaban una obra pero le paralizaban su inversión más importante por culpa del cambio político.

Sacyr se adjudica las obras de una autopista

La empresa española Sacyr lograba hace unos días la adjudicación de las obras de una autopista valorada en 900 millones de euros. El proyecto comprende un tramo de 128 kilómetros que une las localidades de Buga y Buenaventura, y con un corredor en segunda calzada de otros 116 kilómetros, por lo que las labores de mantenimiento y operación ascenderán a 244 kilómetros.

Entre las obras destaca la estabilización de taludes, la construcción de dos túneles cortos, que suman alrededor de 1,4 kilómetros aproximadamente, y el cambio de equipos electromecánicos en los 17 túneles existentes, cuya longitud es de 9,3 kilómetros, según ha informado el Gobierno colombiano.

El contrato de concesión prevé la rehabilitación de 15 kilómetros de la vía Simón Bolívar, el paso nacional por Buenaventura, la puesta a punto de 155 kilómetros de vía existente, la mejora de 33,7 kilómetros y la construcción de 35 kilómetros de vía nueva. El proyecto contempla también la operación y el mantenimiento de 244 kilómetros.

Con este contrato, el gobierno colombiano busca reducir los coste logísticos de las empresas de carga, mediante la reducción de los tiempos de desplazamiento, pasando de dos horas y media a solamente dos. Esto permitirá un ahorro del 20%.

El proceso de construcción se va dividir en varias etapas. La primera de cinco años que incluye un año y medio de pre construcción, seguida de otros tres años y medio de construcción y finalmente una concesión de veinticuatro años para su operación y mantenimiento.

Las obras esperan generar unos 66.000 puestos de trabajo, con un presupuesto que se divide en 500 millones para las obras propiamente dichas y otros 400 para el mantenimiento posterior.

Este proyecto no es ni mucho menos el único de la empresa española en el país hispano. El plan salió a concurso en 2020 durante la presidencia de Iván Duque, pero la llegada de Gustavo Petro al poder puede desencadenar dudas sobre la facilidad para nuevas concesiones a empresas españolas.

La paralización del Canal del Dique

El propio Iván Duque quiso eludir responsabilidades ante la avalancha que se le venía encima con el proceso electoral. Y es que por primera vez en la historia, un partido propiamente de izquierdas llegará al poder en Colombia. Duque decidió que los procesos de adjudicación de obras pendientes quedaran en el aire para que su sucesor pudiera hacer y deshacer a su gusto y así evitarse problemas. Y así ha sido.

Si la autopista anterior suponía una importante concesión para Sacyr, el proyecto del Canal del Dique es una obra faraónica. Este canal conecta el río Magdalenas con la Bahía de Cartagena de Indias, por lo que es de una importancia estratégica vital para el tráfico fluvial que comercia con el Caribe.

El problema es que este canal se construyó en la época virreinal durante el mandato español, y lleva muchos años adoleciendo de una profunda reforma estructural. Las nuevas obras fueron previstas y propuestas hace ya más de cincuenta años, pero Colombia ha visto como pasaba el tiempo y ninguno de sus líderes ha logrado sacar adelante la colosal reforma.

Las obras implican un presupuesto de unos 3,2 billones de pesos (746 millones de dólares), aunque la cantidad podría acabar siendo mayor en vista del grado del proyecto a realizar. Los beneficios comerciales que este concesión va a traer al país hacen que sea de capital importancia para Sacyr que el nuevo gobierno de luz verde a su plan.

Iván Duque argumentó que “se trabajó lo más que se pudo para tratar de hacer la adjudicación”, pero que tras una investigación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “se ha estimado que el proceso se debe demorar un poco más”. Con el vacío dejado por el presidente saliente y el cambio político, no está claro si el proyecto terminará por adjudicarse a Sacyr, hasta ahora el único proponente del concurso.

Por otro lado, la suspensión de la concesión se debe a que, según el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, “existe un posible riesgo por inconsistencias en el cumplimiento de requisitos habilitantes del oferente”.

El Canal del Dique es una obra de vital importancia para Colombia, pues supone un alivio para la sedimentación del lugar y los riesgos continuos de inundaciones. De hecho, hace doce años que las inundaciones asolaron las tierras fértiles de la zona, dejaron más de 100.000 damnificados y provocaron unas cuantiosas pérdidas materiales.

A extranjeros no; a España, menos

No es la única vez que las empresas españolas se ven envueltas en complicaciones para sacar adelante sus proyectos por culpa de las paralizaciones y objeciones de los gobiernos locales, en su mayoría por tratarse de políticos de la izquierda populista que siguen viendo a las empresas extranjeras como a “intromisiones imperialistas”.

Sin embargo, cuando estos procesos de negación evitan que las empresas de fuera exploten ciertos recursos, el país en cuestión (ya sea Venezuela, Argentina o México) tampoco es capaz de aprovechar por su cuenta lo que le niega a estas empresas.

Sucedió con la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En esta época, la empresa española Repsol controlaba el 58% de la petrolera argentina YPF, y estaba dispuesta a explotar los yacimientos de gas y petróleo de Vaca Muerta, de los más grandes del mundo.

En un arrebato de “anti colonialismo”, el gobierno argentino nacionalizó YPF en 2011 para evitar que “los imperialistas” pudieran aprovecharse de los recursos del yacimiento. El resultado ha sido la paralización total del proyecto tras la salida de Repsol.

En Vaca Muerta siguen esperando unos 16.000 millones de barriles de petróleo (en cantidad lista para extracción) y casi nueve billones de metros cúbicos de gas. Estas cantidades desorbitantes hacen que este yacimiento sea considerado como el segundo depósito de gas esquisto del mundo.

Lo peor de la situación es que Argentina podría paliar su terrible crisis económica solo con una extracción parcial de los recursos del lugar, pero la incompetencia de las autoridades hace que sea imposible.

El nuevo gasoducto que planea llevar este elemento desde la ciudad de Neuquén hasta Buenos Aires tendrá un coste de 1.500 millones de dólares, pero no estará construido hasta por lo menos 2024. Mientras tanto, Argentina tiene que importar anualmente unos 7.000 millones de dólares en gas para satisfacer una demanda que podría resolverse sin salir literalmente de casa.

Este caso al igual que el del Canal del Dique, son solo algunos ejemplos de cómo muchas obras de gran valor tanto para la sociedad y la economía latinoamericana como para algunas empresas españolas, no se terminan de ejecutar por problemas de corrupción, falta de interés y la aún tan arraigada creencia de que los europeos solo quieren despojar a América de sus recursos. Aunque la población en Colombia está cada vez más preocupada.

El mayor problema de Colombia

La problemática de Sacyr, que ha indicado que “acata la decisión de la ANI y está a disposición de las decisiones que tome el nuevo Gobierno sobre el futuro del proyecto”, es algo bastante común en estos casos.

Según la encuesta realizada por El País América, las principales preocupaciones de los colombianos son la corrupción (80,9%), la pobreza (57,8%), la inseguridad (57%) y el desempleo (52,4%). El problema con el narcotráfico -antaño uno de los mayores quebraderos de cabeza del país- aún colea, y ocupa el siguiente puesto con un 37,5%.

Según la propia encuesta, el siguiente puesto lo ocupan las violaciones contra los Derechos Humanos, con un 34%. Este cóctel de corrupción, narcotráfico, desgobierno y guerra de guerrillas ha hecho que el país sea durante décadas un lugar inseguro para muchos de los pobladores locales.

Ahora, con una sociedad cada vez más polarizada, un gobierno de izquierdas llega al poder por primera vez. El pueblo de Colombia está acostumbrado a los escándalos de corrupción más notorios, y los organismos internacionales también ratifican este sentir: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe sobre la corrupción en 2021, mantiene a Colombia con 39 puntos sobre 100, calificación en la que está estancada desde hace una década.

El organismo estima que figurar por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios. Entre todos los países de la OCDE, solo México y Turquía tienen peores niveles de corrupción que Colombia.

La compra de votos sigue siendo frecuente en el país sudamericano. Uno de cada cinco encuestados asegura haber recibido algún ofrecimiento económico a cambio de su voto, y otro 28% reconoce que a pesar de no haberlo vivido en primera persona, conoce varios casos de familiares o amigos que sí lo han podido relatar.

Bajo esta premisa, el 80% de los encuestados reconoce también que no está satisfecho con el funcionamiento del gobierno, y otro 60% indica que siente temor por el futuro político que le aguarda a Colombia.

Este mismo temor deben de estar sintiendo las compañías como Sacyr, pues es sabido que la llegada de gobiernos populistas al poder supone la paralización, revisión e incluso nacionalización de obras y de empresas que operan en ellos.

La llegada al poder de Gustavo Petro abre las puertas a un futuro que ya de por sí era incierto para la región, y que ahora puede verse más comprometido para las empresas españolas en función de las decisiones que tome el nuevo presidente.

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