El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre, una de las medidas más ambiciosas de su mandato: la creación de "una gran empresa pública de vivienda" destinada principalmente a enfrentar la crisis habitacional en España. Este proyecto, que Sánchez calificó como una herramienta clave y "capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado" para garantizar el acceso a la vivienda digna como un derecho básico alineado con los principales de igualdad y justicia social defendidos por el partido, forma parte de un compromiso mayor con el bienestar social y el fortalecimiento del estado del bienestar.
"¿Atacan la Ley de Vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio a todos los españoles: el Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. No daremos ni un paso atrás en la construcción de una España más justa y equitativa", anunció Sánchez.
La compraventa de viviendas alcanza máximos desde 2007 creciendo un 41,5% en septiembre
Aunque no ofreció muchos más detalles, el presidente del Gobierno sí aseguró que dicha empresa servirá para construir viviendas del Estado y no solo gestionarlas como ya hace la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), cuyo fin último es la gestión pública del suelo en todos sus aspectos, incluyendo suelo industrial, residencial, terciario y logístico. Asimismo, Sánchez vinculó esta medida con otras políticas progresistas implementadas durante su Gobierno, como la ley de vivienda aprobada en 2023, que incluye límites al precio del alquiler en zonas tensionadas.
Claves del proyecto
Aunque todavía no hay detalles con respecto a este modelo, nos podemos fijar en cómo este sistema funciona en otros países, como Países Bajos o Austria, para entender las claves de lo que será la empresa pública de vivienda anunciada por Pedro Sánchez.
- Ampliación del parque de viviendas públicas: España cuenta actualmente con un parque público que representa poco más del 1,6% del total de viviendas, uno de los más bajos de Europa. Con la creación de esta empresa, el Gobierno podría cerrar esta brecha y aproximarse a modelos más avanzados como los de Países Bajos, donde el 30% de las viviendas tienen carácter social.
- Gestión y construcción sostenible: La creación de esta empresa se espera que impulse la construcción de viviendas eficientes energéticamente y con materiales sostenibles, alineándose con las metas de descarbonización marcadas por la Unión Europea para 2030.
- Alianzas público-privadas: Se prevé la colaboración con gobiernos autonómicos, ayuntamientos y empresas privadas para maximizar los recursos y acelerar la ejecución de proyectos, aunque es cierto que para ello primero se debería desbloquear la Ley de Suelo, además de trabajar en la normativa europea actual. Y es que actualmente son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias en materia de vivienda.
Archivo - Recurso viviendas en construcción. Obras de edificios. - Financiación: En cuanto a la financiación de la nueva empresa pública de vivienda, todavía no se ha confirmado oficialmente cómo se cubrirán los costes. Sin embargo, es importante destacar que en 2023, Pedro Sánchez ya adelantó la utilización de los recursos provenientes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para financiar la construcción de nuevas viviendas. Esta entidad, conocida como "el banco malo", gestiona activos derivados de los rescates bancarios realizados durante la crisis financiera, y el Gobierno ha planteado utilizar parte de esos activos para promover la construcción de viviendas sociales.
- Regulación y precios asequibles: Las viviendas gestionadas por la empresa tendrán precios regulados, asegurando alquileres asequibles y accesibles para los colectivos priorizados. Esto servirá para "combatir" a aquellas comunidades que no cumplen con la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, en propias palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha sido preguntada expresamente por esta cuestión este lunes, 2 de diciembre.
Primeras reacciones a la creación de la nueva empresa pública de vivienda
La reciente propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la creación de una nueva empresa pública de vivienda ha generado ya una sinfín de reacciones en diferentes sectores políticos y sociales. Desde el ámbito político, algunos aliados del Ejecutivo, como Isabel Rodríguez, han aplaudido la iniciativa destacando que esta empresa permitirá garantizar el acceso a viviendas a precios asequibles y combatir las desigualdades en el mercado inmobiliario, sobre todo en las comunidades autónomas que no han implementado plenamente la Ley de Vivienda.
Sin embargo, la reacción de la oposición y algunos expertos ha sido más crítica. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), José Manuel Soto, ha advertido que la creación de esta empresa pública podría interferir en el libre mercado de la vivienda y generar distorsiones en el sector. Soto se ha mostrado escéptico acerca de que la medida consiga solucionar el problema de la vivienda de manera efectiva, subrayando que la iniciativa puede resultar más en una "invasión estatal" que en una solución estructural real.
Madrid prohibirá los alquileres turísticos en comunidades de propietarios del centro
Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha expresado su apoyo a la creación de la empresa pública, aunque ha subrayado que es crucial que se asegure el control de los precios en todo el sector inmobiliario, no solo en las viviendas gestionadas por la nueva entidad. Díaz ha dejado claro que el precio de los alquileres debe ser un tema central en la agenda política, sugiriendo que las medidas para controlar los precios en general deberían ir acompañadas de reformas más amplias que aborden la falta de viviendas asequibles a nivel nacional
En este sentido, la nueva empresa pública se presenta como una herramienta clave, pero su éxito dependerá de cómo se implemente y se coordine con las políticas regionales y las regulaciones existentes en cada comunidad autónoma. Las próximas semanas serán decisivas para ver si esta medida logra convencer tanto a sus defensores como a sus detractores.
