El Gobierno español ha calificado de «imposible» la exigencia planteada por Junts para participar en las negociaciones de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025. La formación independentista, liderada por Carles Puigdemont, ha exigido que el Estado abone una cifra cercana a los 50.000 millones de euros en concepto de «deuda pendiente» relacionada con infraestructuras, basándose en promesas de inversión no cumplidas.
El portavoz del partido, Josep Rius, subrayó este lunes que “primero pagar, después negociar”, indicando que no se sentarán a la mesa a discutir unas nuevas cuentas generales sin que se satisfaga esta condición. Esta postura se estableció poco después de un acuerdo alcanzado con el PSOE para la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, lo que ha suscitado dudas sobre el apoyo de Junts a los nuevos PGE.
Desde Moncloa, son conscientes de que no tienen el compromiso de Junts y resaltan que cada proceso de negociación es único. Así, un acuerdo previo no garantiza que las siguientes negociaciones se desarrollen con éxito. Las fuentes del Consejo de Ministros han reafirmado que esta exigencia es “obvio que no es posible”, señalando que hay ocasiones en las que los grupos políticos establecen condiciones iniciales que son inviables. Sin embargo, el Gobierno mantiene la disposición de iniciar diálogos partiendo de esta base, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre los nuevos PGE.
En este momento, el Gobierno está operando con los PGE prorrogados de 2023, ya que el año pasado optó por no negociar nuevos presupuestos debido al adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña. A pesar de la aparente falta de avances para el año 2025, la portavoz Pilar Alegría ha reiterado que la intención del Ejecutivo es presentar nuevos presupuestos. No obstante, los ministros han comenzado a argumentar que es viable continuar gobernando con las cuentas prorrogadas.
Inicialmente, el presidente Pedro Sánchez había previsto presentar un proyecto de PGE en el primer trimestre del año, pero dicha fecha se aproxima sin indicios claros de progreso en las negociaciones. A pesar de este contexto, las fuentes consultadas han indicado que no se fijará una fecha límite para continuar intentando alcanzar un acuerdo y han dejado claro que la aprobación de nuevos PGE no depende estrictamente de la implementación de una nueva senda de déficit, aunque existe la expectativa de que si se logra un consenso, se discutirá una nueva senda que permitiría mayor disponibilidad de fondos para comunidades autónomas y municipios.
