La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá este jueves con los consejeros de Vivienda de las comunidades en una Conferencia Sectorial. El objetivo es abordar el Proyecto de Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, planeado para su aprobación antes de fin de año. Esta convocatoria surge después de que David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, manifestara la «mano tendida» del Gobierno para llegar a un acuerdo con las comunidades.
Inversión y compromisos del nuevo plan estatal de vivienda
El nuevo Plan de Vivienda contempla una monumental inversión de 7.000 millones de euros, tres veces más que el plan anterior. De esta cifra, el 60% será afrontado por el Estado, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante. El plan se encuentra actualmente en audiencia pública y se pueden realizar aportaciones hasta el 7 de octubre. Entre sus compromisos esenciales, se encuentra el blindaje del parque público de manera permanente y el prometedor impulso a un sistema de datos públicos y fiables gracias a la colaboración con las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular han expresado su rechazo al plan, señalando la necesidad de desideologizar sus políticas. Critican la intervención del mercado y la generalización de subvenciones, argumentando que estas medidas pueden elevar los precios. Además, acusan al Gobierno de haber elaborado el plan de manera unilateral, sin la participación adecuada de las comunidades.
Isabel Rodríguez afirma que «confía» en las autonomías y niega que el plan carezca de propuestas de las comunidades
El nuevo Plan Estatal llama a la creación de un Acuerdo de Estado para triplicar las inversiones en políticas públicas de vivienda, proteger el parque público y asegurar la transparencia en los datos. Estos compromisos han sido ya aceptados por comunidades como Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia.
Distribución de los fondos: Más vivienda pública y rehabilitación
De los 7.000 millones de euros dispuestos, hasta el 40% se destinará a aumentar la oferta de vivienda pública. Además, un 30% será para programas de rehabilitación enfocados en la eficiencia energética y la mejora de barrios, mientras que el 30% restante se dirigirá a ayudas emergentes. El plan se articula en torno a cinco ejes: construcción y adquisición de vivienda pública, mejoras en eficiencia y accesibilidad, apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes, reducción de la tasa de esfuerzo y mitigación de tensiones de mercado.
