El Pleno del Senado ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles, incorporando más de ochenta enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP). Entre las modificaciones destacan la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena y la reintroducción de la política de indemnizaciones por retrasos de Renfe.
Tras la aprobación en el Senado, el texto se ha remitido al Congreso, donde las nuevas enmiendas serán sometidas a votación durante la sesión plenaria de la próxima semana. Una vez conseguido el consenso necesario, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su validación definitiva. La comisión previa del Senado que evaluó el dictamen de la ley aprobó el texto, con la mayoría absoluta del PP y la abstención de Junts, ERC y PNV. Durante el pleno, aunque los 145 senadores del PP optaron por abstenerse, 113 senadores votaron a favor, incluyendo los 88 del PSOE, mientras que Vox se posicionó en contra.
En su paso por el Congreso, la ley ya había contado con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra, y Podemos se abstuvo.
El PP se ha enfocado en devolver al Congreso algunas propuestas clave, como la derogación del calendario para cerrar las centrales nucleares. Es relevante recordar que en febrero el Congreso ya había adoptado una postura similar mediante una proposición no de ley. Además, el PP aboga por reintroducir las indemnizaciones por retrasos en Renfe, lo cual implicaría que los pasajeros reciban el 50% del precio del billete si el tren llega más de 15 minutos tarde y el 100% si se retrasa más de 30 minutos. Cabe señalar que, en septiembre, un 16,2% de los trenes llegó más de 15 minutos tarde, y un 7,8% sufrió retrasos superiores a media hora.
El PP propone congelar las tasas aeroportuarias hasta 2031 y rediseñar el mapa concesional de autobuses estatales
El proyecto de ley también introduce nuevas medidas, como la revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) para incluir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional y obliga a las gasolineras a ofrecer al menos un punto de recarga para vehículos eléctricos.
Esta ley proviene de la legislatura anterior y su aprobación es parte de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para que España pueda acceder a cerca de 10.000 millones de euros en fondos europeos.
