Economía

Rodríguez asegura que luchará para que el Congreso no anule la moratoria de desahucios

Isabel Rodríguez defiende el decreto del escudo social, que moratoria desahucios hasta 2026, y critica a Junts por oponerse.

Rodríguez asegura que luchará para que el Congreso no anule la moratoria de desahucios hasta 2026
Por Redacción Capital

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado su firme compromiso de que el Gobierno «peleará» para que el Congreso no rechace nuevamente el decreto del escudo social. Este decreto incluye una moratoria de desahucios que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026. Según Rodríguez, es esencial avanzar en la política de vivienda y abordar las necesidades de la ciudadanía en este ámbito.

El desafío político en torno al decreto del escudo social

En declaraciones a TVE y recogidas por Europa Press, Rodríguez manifestó su esperanza de que el Congreso apoye la medida. Señaló que el Gobierno ha demostrado previamente su capacidad de avanzar en tiempos de dificultad, especialmente en esta última legislatura.

La ministra también se dirigió a Junts, que ha anunciado su intención de votar en contra del decreto, argumentando que votar en contra sería muy difícil de justificar dada la importancia de las medidas incluidas, como la subida de las pensiones y las deducciones fiscales para obras de rehabilitación. Si Junts persiste en su decisión, según Rodríguez, «tendrá que explicarlo a los catalanes».

Impacto en la población vulnerable

Rodríguez fue enfática al criticar la postura de Junts, cuestionando su falta de apoyo a las personas con dificultades económicas, particularmente en lo que se refiere al pago de la factura eléctrica. Destacó que hay presupuesto estatal disponible para ayudas, y reprochó que Junts quiera dejar a estas personas sin esa asistencia crucial.

No entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas

La continuación del debate sobre este decreto es fundamental, ya que tiene el potencial de afectar significativamente a muchos ciudadanos y plantea importantes desafíos políticos en el Congreso.

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