El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado sobre el incremento de quejas de familias vulnerables, a menudo con menores, afectadas por desahucios judiciales. Según el ‘Informe Anual 2025’, se han realizado 142 actuaciones relacionadas con estas quejas en comparación con 102 en 2024 y 60 en 2023, reflejando una tendencia alarmante. Una de las principales preocupaciones de las familias es la falta de información tras el lanzamiento de su vivienda, lo que genera inseguridad e incertidumbre. Gabilondo también ha criticado la percepción de pasividad de los servicios sociales, que actúan improvisadamente ante crisis de vivienda.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo insta a las administraciones a prever dispositivos de alojamiento temporal para emergencias y comunicar claramente las alternativas habitacionales a las familias afectadas. Gabilondo ha tenido que intervenir con ayuntamientos en casos graves, subrayando que los recursos temporales presentan carencias pues no están diseñados para ser viviendas permanentes.
Por otro lado, el informe destaca quejas de propietarios y arrendadores sobre la moratoria antidesahucios, vigente de 2020 a 2025, y la demora en las ayudas de compensación. También se resalta la creciente dificultad en el acceso a la vivienda debido al aumento desmedido de los precios, tanto en compra como en alquiler, superando el incremento salarial.
Gabilondo propone aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda para controlar los precios de alquiler y limitar el uso de viviendas para turismo en áreas afectadas. Además, sugiere mantener y mejorar las ayudas al alquiler, que deben gestionarse ágilmente. Hace un llamado a aumentar significativamente el número de viviendas públicas destinadas al alquiler, alcanzando la media europea.
Las administraciones deben promover condiciones y normas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna según el artículo 47 de la Constitución
También se ha recordado a las administraciones que los procesos de adjudicación de vivienda pública deben ser transparentes y basarse en criterios objetivos. Se destaca la urgencia de erradicar chabolismo e infravivienda y se critica que el Bono Alquiler Joven no haya llegado a tiempo, señalando deficiencias administrativas.
