La Comisión Europea ha decidido abrir una investigación exhaustiva para analizar la legalidad de las ayudas públicas que el Gobierno francés planea conceder a Électricité de France (EDF). Estas ayudas están destinadas a la construcción de seis nuevos reactores nucleares y deben ajustarse a las normas sobre ayudas de Estado.
Bruselas ha aclarado que cada Estado miembro tiene libertad para elegir su fuente de energía predominante, siendo la nuclear la preferida por Francia. La apertura de un expediente de esta naturaleza es habitual en casos «complejos», y se remonta a noviembre de 2025, cuando Francia notificó su intención de apoyar la construcción de seis reactores nucleares. Estos reactores, que se ubicarán en las centrales de Penly, Gravelines y Bugey, tendrán una capacidad total de 9.990 megavatios y su construcción costará 72.800 millones de euros.
El propósito del proyecto es reforzar la seguridad del suministro eléctrico para Francia y sus países vecinos
, además de contribuir a la descarbonización de la Unión Europea. Para gestionar la explotación de estos reactores, se creará una empresa 100% propiedad de EDF, asegurando la operación de todas las centrales nucleares en Francia.
Francia ha propuesto tres medidas de apoyo fundamentales: un préstamo subvencionado que cubre el 60% de los costes de construcción, un contrato a 40 años para asegurar ingresos estables, y un mecanismo preciso de reparto de riesgos. No obstante, la Comisión Europea quiere examinar la «idoneidad y proporcionalidad» de estas ayudas. Su preocupación es que las medidas propuestas no logren un equilibrio adecuado entre disminuir riesgos y asegurar incentivos para una operación eficiente, evitando así un traspaso excesivo de riesgos al Estado.
Además, se realizará una evaluación exhaustiva del impacto de las ayudas en la competencia del mercado. Bruselas teme que dichas medidas puedan, indirectamente, consolidar o reforzar el poder de mercado de EDF, lo que podría distorsionar la competencia justa en la Unión Europea.
