El año 2025 dejó una imagen aparentemente contradictoria en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en España. Por un lado, el número de afiliados alcanzó su máximo histórico, superando los 3,26 millones de autónomos. Por otro, la recaudación obtenida a través de sus cotizaciones no siguió esa misma tendencia ascendente y registró un ligero retroceso. Este desfase ha generado dudas sobre la solidez real del crecimiento del trabajo autónomo y sobre el impacto del nuevo sistema de cotización.
En términos de afiliación, el incremento fue moderado pero significativo. Miles de nuevos trabajadores se incorporaron al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), consolidando una tendencia positiva iniciada tras la pandemia. Sin embargo, este crecimiento fue más lento que el del año anterior, lo que sugiere cierta desaceleración en la capacidad de generación de nuevo empleo por cuenta propia.
El contraste aparece al analizar los ingresos del sistema. A pesar del aumento de afiliados, la recaudación total descendió ligeramente respecto a 2024. Aunque la caída es pequeña, resulta relevante porque rompe con la dinámica de recuperación observada desde el final de la crisis sanitaria. Este fenómeno apunta a que no basta con tener más autónomos para aumentar los ingresos públicos: también importa cuánto ganan y cuánto cotizan.
Una de las claves para entender esta situación es el nivel de ingresos del colectivo. Una parte considerable de los autónomos declara rendimientos muy bajos, en muchos casos por debajo del salario mínimo. Esto implica que sus aportaciones al sistema son reducidas, lo que limita el crecimiento de la recaudación total. Además, una proporción importante se acoge a incentivos como la tarifa reducida para nuevos emprendedores, lo que también disminuye temporalmente las cuotas ingresadas.
El nuevo modelo de cotización basado en ingresos reales, impulsado durante el mandato de José Luis Escrivá, pretendía precisamente ajustar las contribuciones a la capacidad económica de cada autónomo. Este sistema establece diferentes tramos en función de los rendimientos y contempla un periodo de transición de varios años. Mientras que los autónomos con menores ingresos han visto reducidas sus cuotas, aquellos con mayores beneficios han tenido que asumir incrementos significativos.
Sin embargo, este ajuste progresivo no ha tenido un efecto inmediato en la recaudación global. El hecho de que muchos trabajadores se sitúen en los tramos más bajos o disfruten de bonificaciones explica, en parte, por qué los ingresos no crecen al mismo ritmo que la afiliación. A esto se suma la incertidumbre sobre la regularización anual de las cuotas, un mecanismo que puede modificar las cifras una vez se contrastan los datos fiscales con la Agencia Tributaria.
Otro elemento a tener en cuenta es la falta de acuerdos recientes entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos. Las negociaciones para actualizar las cuotas no han llegado a buen puerto, lo que ha provocado la prórroga de las condiciones vigentes. Esta falta de consenso introduce cierta inseguridad en el sistema y retrasa posibles ajustes que podrían mejorar su equilibrio financiero.
En perspectiva, el comportamiento del trabajo autónomo refleja una realidad compleja. Aunque cada vez más personas optan por esta forma de empleo, no todos logran generar ingresos suficientes para sostener su actividad con estabilidad. Esto plantea interrogantes sobre la calidad del emprendimiento y sobre la necesidad de políticas que no solo fomenten el alta de nuevos autónomos, sino también su viabilidad económica a largo plazo.
