El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar una proposición de ley del Partido Popular (PP) que busca, entre otras cosas, acelerar trámites urbanísticos y permitir juicios rápidos a empresas, bancos y fondos de inversión para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Esta iniciativa ya cuenta con el visto bueno del Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, y ahora se defiende su tramitación en el Congreso. La votación coincide con la aprobación por parte del Gobierno de un plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros.
Esta propuesta de ley, aunque no supondrá una aprobación inmediata, dará inicio al proceso parlamentario en el Congreso, permitiendo a los partidos presentar enmiendas. El texto comparte ciertos elementos con la Ley del Suelo pactada entre PSOE y PNV, como la eliminación de la nulidad en cascada de proyectos urbanísticos por errores corregibles, pero va más allá al derogar algunas partes de la Ley de Vivienda de 2023 promovida por PSOE y Unidas Podemos. En concreto, se eliminarían las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de alquileres, que el PP considera "medidas perjudiciales" para el mercado inmobiliario.
Adicionalmente, la iniciativa propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que personas jurídicas, como empresas, bancos o fondos de inversión, puedan acudir a un juicio verbal y recuperar la plena posesión de sus inmuebles si han sido ocupados sin su consentimiento. La normativa actual limita esta opción a entidades sin ánimo de lucro. También se plantea acortar el plazo máximo de suspensión de desahucios de dos meses a uno cuando el demandante sea persona física, y de cuatro a tres meses cuando sea persona jurídica.
El Congreso estudia una reforma legislativa que agilizaría el desarrollo urbanístico y facilitaría el desalojo rápido de viviendas ocupadas ilegalmente.
Otro aspecto relevante de la propuesta es la reducción del umbral de ingresos para considerar vulnerables a las familias en casos de desahucio. Esta cifra baja de tres veces a 1,5 veces el Iprem mensual, lo que implica que las familias con ingresos superiores a 900 euros ya no se considerarán vulnerables. En cuanto al urbanismo, la ley permitiría que el silencio administrativo tras tres meses sin resolución implicara la aprobación tácita de proyectos, agilizando así sus trámites, excepto en edificaciones protegidas o en suelo rural. Las obras que afecten edificios con protección histórica o ambiental, así como el suelo rural, seguirán requiriendo autorización expresa.
La propuesta aboga además por la creación de una plataforma para agilizar los informes sectoriales, con posibles mecanismos de interoperabilidad con otras plataformas urbanísticas de administraciones locales y autonómicas, buscando una mejor coordinación. Asimismo, busca limitar la acción pública de impugnación de proyectos urbanísticos solo para obtener beneficio económico sin proteger intereses colectivos, un punto que enlaza con propuestas previas de PSOE y PNV.
Respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, la ley introduce un límite de cuatro años para la impugnación indirecta de normas urbanísticas. También se reconoce a Ceuta y Melilla la capacidad para aprobar sus instrumentos de ordenación, previo informe de la Administración General del Estado.
