Se cumple un año desde el apagón que dejó a millones de personas sin electricidad en España y Portugal, sin que hasta la fecha se haya señalado a un responsable claro. A pesar de varios informes y análisis por parte de distintas entidades, como el Ministerio para la Transición Ecológica, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el culpable del apagón sigue sin identificarse.
El Ministerio para la Transición Ecológica fue el más rápido en publicar un informe, calificando el apagón como un evento "multifactorial" vinculado a episodios de sobretensión y desconexiones en las centrales. Entso-E, por su parte, publicó un informe más detallado en marzo de este año, concluyendo que el apagón fue un hecho "sin precedentes" resultado de varios factores combinados. Ambas organizaciones recomendaron mejorar la coordinación en la red eléctrica y la supervisión del sistema.
La CNMC, en un informe de naturaleza consultiva presentado casi un año después del incidente, no identificó culpables pero subrayó que existían mecanismos suficientes para haber prevenido el apagón. Sin embargo, la CNMC ha iniciado 55 expedientes sancionadores contra diversas empresas eléctricas, incluyendo a Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola y Endesa, entre otras, por posibles infracciones.
Un año después del apagón, las responsabilidades permanecen difusas y el coste recae en los tribunales.
Además, la Comisión de Investigación del Senado, de carácter político y liderada por el PP, ha señalado al Gobierno, a REE y a la CNMC como responsables del incidente debido a su "inacción regulatoria". Mientras tanto, una nueva comisión en el Congreso de los Diputados ha comenzado sus trabajos con un enfoque similar, lo que augura un nuevo ciclo de acusaciones sin resolver el origen del problema.
En términos operativos, el apagón ha provocado un incremento en el uso de servicios de ajuste del sistema eléctrico, lo que ha encarecido los costes del mercado regulado. Aunque el precio de la electricidad ha disminuido gracias a la mayor participación de energías renovables, el sistema se enfrenta a la necesidad de ajustes constantes para equilibrar la producción, lo que encarece los servicios de respaldo. Según Selectra, estos costes alcanzaron en marzo un máximo de 27,6 euros por MWh, un aumento significativo respecto al año anterior.
