La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha solicitado al Gobierno la revisión extraordinaria de los contratos públicos de transporte escolar, interurbano y urbano. Esta petición surge a raíz del fuerte encarecimiento de los combustibles, consecuencia de la guerra con Irán.
En un comunicado, la patronal advierte que si no se actualizan las condiciones económicas de estos contratos, la viabilidad de cientos de empresas concesionarias podría estar en riesgo, pese a su trayectoria de compromiso con el servicio público. Confebus destaca que el conflicto iniciado el 28 de febrero ha provocado picos en el precio del crudo, superando los 100 dólares por barril en varias ocasiones. Además, el gasóleo ha aumentado en torno a 40 céntimos por litro en España, alcanzando una media superior a 1,80 euros. El gas natural, por su parte, se sitúa alrededor de los 44 euros por MWh, tras encarecerse más de un 30%.
El combustible ha pasado de representar entre el 25% y el 35% de los costes de explotación habituales a rozar el 40%, lo que plantea un desafío significativo para las empresas del sector.
Confebus considera “insuficiente” la bonificación general de 20 céntimos por litro y la ayuda de 975 euros para vehículos de gas, además de lamentar que los autobuses eléctricos no se beneficien de estas medidas. La organización insiste en que la revisión excepcional de los contratos públicos es “imprescindible” para evitar que la inflación y la crisis energética tengan un impacto insostenible en las empresas del sector.
El comunicado subraya que el episodio inflacionario reflejado en el IPC de marzo, muy influido por la energía, afecta tanto a las familias como a las compañías de transporte, las cuales “no pueden asumir en solitario” el impacto del alza de costes. Confebus demanda medidas “urgentes y extraordinarias”, señalando la necesidad de eliminar los efectos “indeseados” de la Ley de Desindexación, que limita la actualización de precios en los contratos con la Administración.
