El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, reconoció que el decreto ley para prorrogar los alquileres con vencimiento en 2026 y 2027, que su grupo rechazó en el Congreso, aportaba un beneficio puntual a los inquilinos. El martes pasado, el PP, Vox, Junts y UPN consiguieron derogar el decreto promovido por Sumar, que buscaba además limitar al 2% el aumento en los precios del alquiler.
Durante el debate, Hernández Quero justificó el voto en contra alegando que, aunque inicialmente algunos inquilinos, como su hermana, podrían beneficiarse de la prórroga, a largo plazo sufrirían las consecuencias de una creciente inseguridad jurídica. Este sábado, en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, el portavoz reiteró que el decreto traía cambios normativos repentinos y bruscos, lo que la literatura académica apunta como causantes de una drástica reducción en la oferta de vivienda. Según Quero, cuando se genera inseguridad jurídica, el arrendador retira su vivienda del mercado, alertando que esto sucede mientras crece la demanda de vivienda.
La inseguridad jurídica lleva a la retirada de viviendas del mercado, empeorando la situación de la oferta ante una demanda creciente.
Quero explicó que la oferta de vivienda ha disminuido más de la mitad desde 2020, resultando en el considerable aumento de precios. El decreto ley prorrogaba los contratos de alquiler, impidiendo temporalmente la salida de viviendas del mercado. Sin embargo, anticipó que al acabar esta prórroga extraordinaria, muchos propietarios decidirán retirar sus inmuebles, reduciendo aún más la disponibilidad. No es una hipótesis, sino una corroboración avalada por la literatura académica, afirmó el diputado, advirtiendo que esta situación perjudica especialmente a las personas más vulnerables.
Como alternativa, el portavoz de Vox propuso construir más viviendas libres, aumentar el parque público y controlar la demanda. Criticó la entrada de tres millones de inmigrantes en un mercado ya saturado, lo cual, en su opinión, incrementa la presión sobre los precios. Según datos del Banco de España, el país enfrenta un déficit de 700.000 viviendas, y la llegada de 600.000 nuevas personas cada año complica aún más la situación. Aunque se producen alrededor de 90.000 viviendas anualmente, esta cifra no cubre el déficit ni las necesidades de la población entrante.
Finalmente, Quero sugirió imponer impuestos muy altos a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión extranjeros y grandes corporaciones, buscando facilitar que los pequeños propietarios puedan competir de manera justa. La intención detrás de esta medida es desalentar la intervención de grandes entidades en el mercado inmobiliario, aunque evitó calificarla como una intervención directa. La propuesta busca que los pequeños propietarios compitan en igualdad de condiciones para adquirir inmuebles.
