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El Congreso debatirá la propuesta de Sumar para prohibir a fondos «buitre» comprar viviendas

El Congreso debatirá una propuesta de Sumar para prohibir la compra de viviendas por empresas y fondos, y derogar la Ley de Socimi.

El Congreso debatirá la propuesta de Sumar para prohibir a fondos «buitre» comprar viviendas
Por Redacción Capital

El Congreso de los Diputados debatirá y votará la próxima semana una proposición no de ley presentada por Sumar, cuyo objetivo es prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". Esta iniciativa ya se había planteado anteriormente en noviembre de 2025, pero no fue admitida a trámite por el rechazo de partidos como el PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV se abstuvieron.

Curiosamente, a principios de este año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de prohibir a grandes inversores y empresas adquirir viviendas unifamiliares en su país. La medida fue respaldada por Vox, quienes anteriormente habían votado en contra de la propuesta de Sumar. Esto motivó a Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar, a volver a llevar la iniciativa al Pleno del Congreso, dado el aparente cambio de posición de Vox.

El debate y votación en el Congreso sobre la propuesta de prohibir que empresas compren viviendas se realizará en la próxima sesión, aunque no tendrá carácter legislativo al ser una proposición no de ley.

Además, Sumar ha incluido en su propuesta la solicitud de derogar con urgencia la Ley de 2009 que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Argumentan que estas sociedades solo abonan un 1% en el impuesto de sociedades, lo cual ha facilitado la llegada de grandes inversores internacionales al mercado inmobiliario español, afectando negativamente el acceso a una vivienda digna.

El grupo denuncia que España es el país con más Socimis, propiedad de empresas y fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, los cuales controlan activos inmobiliarios valorados en más de 1.000 millones de euros. Sumar acusa a estas entidades de especulación, desalojo de comunidades y vulneración del derecho constitucional a la vivienda.

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