Telefónica ha anunciado su intención de participar con una minoría del capital, entre el 10% y el 15%, en un consorcio público-privado que se encargará de construir una de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en Europa, un proyecto que España espera albergar.
Juan Azcue, director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica, explicó que la compañía considera que su inversión debe ser limitada y estará basada en criterios de valor para el grupo. "Estamos hablando de una minoría, entre el 10% y el 15%", comentó Azcue durante el anuncio de los resultados trimestrales de la empresa.
El esquema de financiación planeado para esta gigafactoría europea de IA prevé que aproximadamente dos tercios de la inversión se financien mediante deuda, mientras que el resto procederá de fondos propios. Dentro de este contexto, el Gobierno español ha comprometido una contribución de 250 millones de euros al consorcio liderado por ACS y Telefónica, en el que también participan Multiverse, Submer y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como SEPI Digital.
La inversión público-privada podría superar los 4.000 millones de euros, un esfuerzo compartido que subraya el enfoque colaborativo del proyecto.
Además, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, reiteró que cualquier inversión de la empresa sería prudente y dentro de los márgenes que consideran valiosos para la compañía. La colaboración entre los Gobiernos de España y Portugal apunta a la posibilidad de desarrollar una candidatura ibérica para alojar una de las primeras instalaciones de este tipo en Europa, con posibles sedes en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, se mostró optimista sobre la posibilidad de que España sea elegida, asegurando durante su intervención en el Mobile World Congress que el país presentó su candidatura en junio. Mientras tanto, Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, destacó que el enfoque actual está en preparar la oferta final, que deberá presentarse entre junio y julio, y de la cual se espera un resultado a finales de año.
