Este fin de semana da comienzo una serie de manifestaciones por la vivienda organizada por las federaciones locales del Sindicato de Inquilinas y otras entidades sociales. El propósito es exigir una vivienda digna y asequible para todos. Las movilizaciones inician este sábado, 23 de mayo, en Guadalajara y continuarán el domingo en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. El calendario, que se extiende hasta el 28 de junio, prevé próximas manifestaciones el 30 de mayo en Murcia, Burgos y Logroño; el 5 de junio en Vigo; el 6 de junio en A Coruña, Alicante, Ávila, Cataluña, Cantabria, Ourense, Santiago de Compostela, Segovia, Valencia y Gijón; el 21 de junio en Salamanca; el 27 de junio en Cádiz y Málaga y el 28 de junio en Gran Canaria.
Bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios", las organizaciones han convocado a la ciudadanía. Además, los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamado particular a la participación para "llenar las calles". Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a sus homólogas en Madrid, Paloma López y Susana Huertas, estarán presentes en la manifestación capitalina.
El acceso a la vivienda se ha transformado en uno de los factores principales de desigualdad y exclusión social, afectando especialmente a la clase trabajadora
En un comunicado, CCOO y UGT han destacado que es fundamental limitar los precios del alquiler para que no superen el 30% de los ingresos del hogar. También han propuesto la reforma del mercado hipotecario en el actual contexto de subida de tipos de interés. Resaltan que el problema tiene raíces en la insuficiencia del parque de vivienda pública, una situación agravada por décadas de políticas orientadas hacia la especulación en el mercado inmobiliario. En su opinión, es necesario ampliar la vivienda pública para garantizar precios asequibles y una protección permanente.
Asimismo, los sindicatos han señalado que el mercado del alquiler sigue estando tensionado, con precios que escapan del alcance de amplios sectores de la población. Al tratarse la vivienda como un "bien especulativo" en lugar de un derecho fundamental, solicitan una reglamentación más estricta sobre la actividad de los fondos de inversión y grandes tenedores, quienes, según denuncian, actúan como especuladores al inflar los precios y expulsar a la población de sus barrios. Estas prácticas son vistas como abusivas y atentan contra el interés general, por lo que urgen a una regulación que las limite.
