Junts per Catalunya ha presentado una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno en el Congreso y el Senado, solicitando explicaciones sobre lo que consideran "abusos" por parte de Hacienda en su actuación contra la cantante Shakira. Esta acción surge luego de que la Audiencia Nacional anulara una resolución de la Agencia Tributaria sobre la residencia fiscal de la artista en 2011.
En su fallo, la Audiencia Nacional determinó que Shakira no era residente fiscal en España durante ese año, desestimando así el criterio de Hacienda, que obligaba a la artista a tributar en el país. Esta decisión supone la devolución de más de 55 millones de euros a la cantante, quien ya había pagado 14,5 millones junto con otros tres millones de intereses por los ejercicios fiscales de 2012 a 2014.
El caso de Shakira resalta, según Junts, los "abusos" de Hacienda tanto a nivel estatal como en Cataluña
Desde la formación política de Carles Puigdemont, se ha cuestionado en el Congreso si esta situación es compatible con los principios de buena administración, buena fe y confianza legítima. Han criticado que Hacienda sostuviera una inspección multimillonaria durante una década sin acreditar la residencia fiscal de Shakira.
Además, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha planteado preguntas sobre los posibles incentivos económicos que reciben los inspectores de la Agencia Tributaria. Se quiere saber si estos incentivos están ligados al monto de las liquidaciones y sanciones y cuál es su impacto en el salario total. También se indaga sobre la existencia de mecanismos de devolución en caso de que las actuaciones sean anuladas por los tribunales.
Por su parte, los senadores de Junts han registrado una pregunta en el Senado sobre los incentivos otorgados a los inspectores y subinspectores de Hacienda en relación con las actas realizadas. Asimismo, el partido exige conocer el coste total que este procedimiento ha significado para el erario público, incluyendo cuotas devueltas, intereses, costas judiciales, servicios jurídicos y posibles responsabilidades patrimoniales, tras un proceso que se ha extendido por casi diez años.
