El Ministerio de Transportes ha anunciado su intención de proponer una reforma del artículo 240 del Código Penal para endurecer las penas en casos de robo de cable y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, según han señalado fuentes del ministerio. Esta reforma incluiría un nuevo tipo agravado de robo con fuerza, que conllevaría penas de prisión de dos a seis años cuando el hurto de estos elementos afecte a la circulación o al servicio ferroviario.
La propuesta busca reforzar la protección de lo que el ministerio, encabezado por Óscar Puente, califica como infraestructura "crítica". Esta iniciativa surge en respuesta a una "oleada reciente" de robos de cable que está causando retrasos, interrupciones del servicio y afectando a miles de viajeros, situaciones que el ministerio considera "totalmente inaceptables".
La respuesta penal debe considerar no solo el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias de estos robos en un servicio público esencial
Según el ministerio, en la última semana se han reportado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad. El último incidente, ocurrido el pasado viernes, pone de manifiesto el impacto significativo de estos delitos en la movilidad y seguridad ferroviaria. Transportes destaca que estos incidentes no son aislados, sino que se repiten en diferentes puntos del país.
