El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider). Esta nueva Ley del Suelo pretende agilizar el desarrollo urbanístico en la región, fomentando la construcción de viviendas y reduciendo los plazos para la tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro. El texto se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva.
Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, había anunciado previamente la intención de aprobar la medida antes del verano y presentarla a la Asamblea antes de que finalice el año. Según Novillo, la principal innovación de esta normativa es la introducción de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos aprobar sus planes urbanísticos en un tiempo de entre cuatro y seis años, significativamente menos que los casi doce años actuales. Asimismo, el planeamiento de desarrollo se reducirá de siete años a solo cuatro, e incluso podría acortarse a un año en algunos casos.
El nuevo modelo urbanístico busca adaptar la planificación a las necesidades específicas de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la protección ambiental, las infraestructuras y los servicios públicos
La normativa también busca simplificar la clasificación del suelo, reduciendo las categorías de cinco a tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Esto facilitará la gestión del suelo y ofrecerá más seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores. Además, refuerza el poder municipal al permitir a los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantendrá las funciones de control de legalidad.
Actualmente, 42 municipios, incluyendo la capital, ya han comenzado a elaborar sus Planes Estratégicos Municipales bajo la normativa aprobada en 2024.
Entre las novedades también destaca un sistema para la regeneración y remodelación de barrios, donde los ayuntamientos podrán intervenir en espacios públicos y privados sin que los vecinos sufran el coste directo de estas actuaciones. La ley prevé un régimen específico de planificación para municipios pequeños, que recibirán apoyo técnico de la Comunidad de Madrid en la elaboración de sus planes.
En las áreas rurales, la norma simplifica la puesta en marcha de proyectos agrícolas y ganaderos, trasladando a los ayuntamientos la autorización de estos.
El proyecto de ley también introduce cambios significativos en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), en vigor desde hace casi treinta años, para adecuarla a las dinámicas actuales del ocio y la cultura. Los municipios de más de 20.000 habitantes podrán autorizar grandes eventos, se actualizará el régimen sancionador y se prohibirá el uso de dispositivos pirotécnicos en espacios no habilitados en establecimientos de hostelería y ocio.
El Gobierno regional enmarca esta reforma dentro de un conjunto de medidas para promover la construcción de viviendas, mencionando la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para vivienda protegida y la puesta en marcha de la Aceleradora Urbanística regional, que habría facilitado el desarrollo de proyectos para 17.600 nuevas viviendas.
