La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha exigido que las viviendas adquiridas con los fondos del nuevo Plan de Vivienda se destinen al alquiler asequible de forma indefinida. Según CECU, el actual plan no asegura que estas viviendas, financiadas con dinero público, mantengan su carácter de alquiler social más allá de un período de 50 años. En un comunicado, la Federación ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que, al finalizar dicho plazo, estas propiedades pasen al mercado libre.
“Si no se blinda su carácter social más allá de 50 años, corremos el riesgo de que terminen incorporándose al mercado libre”, ha advertido Eloy Gutiérrez, responsable de Vivienda de CECU.
CECU también ha manifestado su escepticismo respecto a la efectividad del plan, señalando varias áreas de mejora necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. Una de las críticas se centra en la falta de financiación específica para la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables y en la posibilidad de que estos fondos se empleen en la construcción de nueva vivienda, lo que podría priorizar nuevos proyectos sobre la rehabilitación. "Esto puede dejar proyectos de rehabilitación sin financiación en favor de la construcción", ha denunciado Gutiérrez.
Adicionalmente, la Federación ha subrayado que la rehabilitación de viviendas vacías con el fin de incorporarlas al mercado de alquiler asequible solo se mantendría durante la vigencia de los contratos de arrendamiento, lo que podría derivar en "procesos especulativos".
Por ello, CECU exhorta a las comunidades autónomas a corregir la falta de ambición del Plan Estatal de Vivienda. La organización sugiere medidas para intensificar la protección del derecho a la vivienda, tales como favorecer la rehabilitación de propiedades de personas vulnerables, asegurar la protección permanente de las viviendas adquiridas con recursos públicos y que las administraciones utilicen su derecho de tanteo y retracto para expandir el parque público, anteponiendo estas acciones a la construcción de nueva vivienda.
"El derecho a la vivienda exige políticas públicas valientes. No basta con movilizar recursos: es imprescindible asegurar que las ayudas públicas se traduzcan en vivienda en alquiler asequible de forma permanente", ha concluido Gutiérrez.
