El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este martes el decreto ley que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027. Sin embargo, el texto enfrenta un panorama complicado, ya que no cuenta con el apoyo necesario para su aprobación, debido al rechazo del Partido Popular (PP), Vox y Junts, quienes poseen la mayoría absoluta.
La normativa, que ha estado en vigor desde su aprobación el 20 de marzo por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también establece una limitación en la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler de vivienda. Desde entonces, representantes de Sumar han instado a los inquilinos a solicitar a sus arrendadores la prórroga automática de sus contratos. No obstante, como todo decreto ley, este debe ser ratificado o rechazado por el Congreso en un plazo de treinta días, tal y como dicta la Constitución.
Bustinduy busca el apoyo de Junts
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, se ha mostrado optimista respecto a la aprobación del decreto. En su esfuerzo por lograr el apoyo de Junts, Bustinduy ha instado al PSOE a ofrecer concesiones, como la aplicación de un IVA reducido para autónomos y beneficios fiscales para los propietarios. Sin embargo, tanto el PP como Vox y Junts han anunciado su intención de votar en contra del decreto.
Desde el inicio, Vox ha manifestado su oposición al texto, al igual que el PP. La portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha argumentado que las medidas propuestas "no funcionan" para mitigar la crisis de vivienda y que, de hecho, podrían empeorar la situación.
El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber fortalecido la crisis de vivienda más de lo que estaba antes de su gestión.
Acusaciones y tensiones políticas
Por su parte, Ester Muñoz ha criticado la gestión de vivienda del Gobierno, tildándola como "nefasta", y acusando a la administración de agravar el problema desde la llegada de Sánchez al poder. Junts también ha dejado en claro su postura contraria al decreto, la cual se ha visto exacerbada tras las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien tildó a la formación de Puigdemont de "clasista y racista". Estas acusaciones llevaron a Puigdemont a romper relaciones con Sumar, alejando aún más la posibilidad de que el decreto reciba apoyo por parte de los independentistas.
